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La Paz / Prensa Latina
Un juez debe fijar otra fecha para la audiencia de medidas cautelares al exfuncionario del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, acusado por las autoridades de facto de Bolivia de sedición y terrorismo.
Torrico, viceministro durante la administración de Evo Morales, fue arrestado el 6 de febrero por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, acto considerado por sus abogados como resultado de un proceso ilegal y politizado.
Entre los elementos esgrimidos por la defensa, figura que uno de sus abogados tiene una causa pendiente con el juez designado para dirigir la audiencia, y la ausencia de pruebas relacionadas con los referidos delitos.
Uno de los representantes legales del exfuncionario, Gustavo Vera, lamentó tras la suspensión de la audiencia este sábado el proceder del Ministerio Público con relación a su representado al intentar armar un caso que calificó de arbitrario, plagado de anomalías y exagerado.
‘Hay muchas irregularidades. Se ha emitido una orden de aprensión sin que se cumplan requisitos’, dijo el abogado.
De acuerdo con la defensa de Torrico lo único que tiene la Fiscalía en su contra es un recorte de prensa donde aparecen fragmentos de declaraciones hechas a un programa televisivo.
La detención del partidario del MAS encendió las alarmas en relación con las reiteradas denuncias de persecución política a líderes y seguidores de esa fuerza política, situación condenada incluso por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
‘La Organización de Naciones Unidas ha manifestado su preocupación por las detenciones políticas en Bolivia. El régimen de facto debe liberar a todos los presos políticos y dejar la persecución política’, escribió el expresidente Morales en twitter.
A raíz de la detención de Torrico el relator especial de la ONU Diego García-Sayán hizo pública su preocupación por el uso de las instituciones judiciales y fiscales con fines de persecución política.
El representante del organismo internacional alertó sobre el creciente número de detenciones ilegales en el país andino y llamó a respetar la independencia de las instituciones y al debido proceso por parte del gobierno de la autoproclamada presidente Jeanine Áñez.
