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Lic. José María Barrera Lemus
Consultor Social. 21032019
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En mis tiempos de estudiante universitario en la UCA (1979-1989), los sacerdotes jesuitas, cuando nos hablaban del valor de los servicios del agua, la energía y las telecomunicaciones, siempre nos insistían cada vez que podían, que ceder a la privatización de tales servicios era estar predestinado a una muerte a pausas para los más necesitados, pues solo la podrían obtener quienes pudieran comprarla. Eran tiempos de guerra no declarada en la que ya se hablaba del tema de la privatización del vital líquido.
Que bueno que aún después de su muerte, aún se mantiene vivo dicho interés. Sin embargo, pese a tales defensas y advertencias, poco a poco se nos ha venido penetrando la idea de la privatización, vendiendo a pausas la necesidad de consumir agua potable en garrafones, botellas y bolsas, bajo el argumento de la baja calidad del agua que consumimos a diario, cosa que se desmiente al darnos cuenta que la mayoría de salvadoreños, consumimos agua de chorro y aún estamos vivitos y coleando (por supuesto que es responsabilidad del Gobierno reforzar y garantizar la calidad del agua que consumimos).
Con el arribo de la derecha y el enquistamiento del neoliberalismo en nuestro país en 1989, se privatizaron los servicios de telefonía y la venta de energía, entre otros; no así el agua, aunque siempre se mantuvo en la mesa de negociaciones de la Asamblea Legislativa, en espera de algún madrugón para ser aprobada. Quiero aprovechar la oportunidad para reflexionar sobre el tema y exponer modestamente algunas razones por las cuales considero que no se debe privatizar el agua.
En primer lugar, no es posible privatizar la administración del agua porque de hacerlo se estaría violentando la Constitución, dado que esta establece en su art. 117, que constituye: “deber del Estado, proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible”.
Por otra parte, declara de interés social: “la protección, conservación, aprovechamiento racional, restauración o sustitución de los recursos naturales, en los términos que establezca la ley”. Permitir que el agua sea privatizada, es anticipar la tendencia a la baja del vital líquido, la baja genera sequía y la sequía muerte…
Para quienes gustan del buen cine, les comento que en los años setenta, se difundió una película interesante relacionada con este fenómeno, evocando a nuestro tiempo. Se trata de la película “Cuando el destino nos alcance”, o “Soylen Green”, como se le conoció en inglés, con el actor Charlton Heston -hoy se puede descargar en youtube-. Para quienes tengan interés en ver la película, favor me escriben y a vuelta de correo les enviaré el link.
Pues bien, el argumento de la película relata la historia de una de las pocas familias acomodadas en Nueva York, con todos los lujos del momento, en contraste con la hambruna que se evidenciaba en las calles, y a quienes el Gobierno apenas les entregaba una bolsa de agua y una ración de “galletas de carne humana” para la semana.
En segundo lugar, no es posible dejar el agua en manos privadas, dado que de ser así, solo se estaría concesionando el vital líquido a personas malintencionadas movidas solo por el afán de lucro, como sucedió con la Chacra durante los últimos sesenta años del pasado siglo y lo que está sucediendo actualmente en Nejapa, adonde se han trasladado varias empresas embotelladoras. El agua es patrimonio no negociable de la Nación y además, un elemento de valor incalculable, vital para la subsistencia.
Es importante conocer que el agua hoy en día y a nivel mundial, se encuentra en un proceso ininterrumpido de reducción que amenaza con desaparecer.
El Salvador, no es la excepción, pues en tan solo 21,000 kilómetros cuadrados y con una densidad de 292 habitantes por kilómetro cuadrado difícilmente se libre de esta hecatombe, por lo que es imperante que en lugar de privatizarla, el Estado asuma la responsabilidad de constituir una comisión especializada, -si es que no la hay-, para que comience a desarrollar perspectivas de vida y de sostenibilidad de tan vital líquido.
Es imperante que dentro de las políticas del próximo gobierno, se considere una reingeniería en todos los ámbitos de la actual Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), para que realmente pueda actuar como entidad rectora del agua y reduzca todo interés mercantilista del vital líquido.
Es importante, además que dentro de las diferentes esferas del Estado y de asociaciones de la sociedad civil, se fortalezcan programas que conduzcan a generar conciencia sobre el valor de cuidar el agua.
Hasta pronto y adelante.
¡Por el derecho al agua…!
