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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
La discusión del Presupuesto General de la Nación para 2016 ha iniciado, and su formulación ha pasado los procedimientos que ordena nuestra Constitución y en la fase final que corresponde a la Asamblea Legislativa se mide, here sin lugar a dudas, try la responsabilidad de las y los diputados frente al pueblo. El Presupuesto representa la previsión de ingresos y gastos esenciales, y la Asamblea tiene la responsabilidad de analizarlo y aprobarlo.
El presupuesto expresa la orientación de la política de un gobierno, les indica a los actores de la economía las oportunidades que puede tener como ofertante de servicios y productos, le da la certeza a los trabajadores públicos de su estabilidad laboral y a la población le asegura los servicios fundamentales que ha de recibir de las diversas instituciones. Por todo ello tiene importancia legal, económica, laboral, política y de servicio; es la columna vertebral que da sentido concreto al cumplimiento de los fines del Estado.
Para 2016, el presupuesto de ingresos y gastos se estima en 4 mil, 860 millones, 800 mil dólares; un 17.77% del Producto Interno Bruto (PIB). El 94% de los gastos se financiarán con ingresos corrientes y el 6% restante se financiará con desembolsos de préstamos aprobados y donaciones.
El presupuesto debe cumplir obligaciones que ni el Consejo de Ministros, ni la Asamblea Legislativa pueden cambiar. De cada dólar que ingrese con origen tributario, seis centavos como mínimo, se destinan a la Corte Suprema de Justicia, ocho centavos a los municipios y 17 y medio centavos para el pago de deuda pública. Estas obligaciones, unas son constitucionales como el mínimo a la CSJ, y otras son legales como el pago de deuda externa que representan más de un tercio del total del gasto.
El 46% de los gastos se destinan al área social, que incluye los ramos de educación, salud, seguridad social y programas sociales entre otros. Los programas sociales como el de farmacias especializadas, agricultura familiar, comunidades solidarias, pensión solidaria para adultos mayores y Ciudad Mujer requerirán de 251 millones de dólares.
Los financiamientos más altos están en educación (940 millones, 800 mil dólares), pago de la deuda (850 millones, 600 mil dólares), salud (627 millones, 200 mil dólares) y seguridad (442 millones, 300 mil dólares).
El Presupuesto 2016 será el séptimo presupuesto de un gobierno en el cual el partido Arena está fuera de la Presidencia de la República, los seis anteriores han tenido únicamente cuestionamientos y ataques que son simples pretextos para incumplir una obligación ante el pueblo; obligación la cual busca responder al país con un presupuesto aprobado en tiempo. El resto de fuerzas políticas con representación legislativa, han asegurado en el pasado que el país funcione con legalidad. Esta conducta de negar apoyo a decisiones fundamentales contrasta con exigencias de mayor financiamiento que semana a semana los diputados de ese partido piden. Ojalá esta vez le cumplan al país votando por el Presupuesto de ingresos y gastos previsto para 2016, la Ley de Salarios que aseguran a los empleados y empleadas su remuneración y los presupuestos especiales de las entidades autónomas.
La conducta de la derecha arenera y la línea de opinión e informativa de medios de comunicación tradicionales ha sostenido desde finales del 2014, un empeño en utilizar subterfugios legales para impedir el financiamiento público, a ello se une una campaña de constante crítica sin fundamento sobre ingresos, deuda y gasto del gobierno que promueve un estado de opinión de adversidad social y política. Esto se observa en su negativa a apoyar préstamos con escasísimas excepciones (préstamo para by pass de San Miguel o de fondos Yucatán), en la promoción de inconstitucionalidades ante la Sala de lo Constitucional que han llevado a cambiar el procedimiento presupuestario respecto a la manera que operó mientras ellos tenían la Presidencia de la República y la anulación de diversos impuestos y contribuciones especiales, y hasta opciones de pronto pago, además de oponerse a toda forma de incrementar la presión tributaria.
La conducta política frente al país debe ser valorada por la gente. ¿Quién asegura que un hospital funcione, que la PNC se movilice, que exista base legal para comprar uniformes o medicinas? ¿Quién asegura esto ayuda al país?, quien se opone lo afecta. En esta forma de medir la conducta política se inscribe el llamado que el Presidente Salvador Sánchez Cerén, hiciera el pasado 10 de octubre desde Ciudad Delgado. Pidió a los diputados (as) aprobar el presupuesto, aprobar los fondos extraordinarios para aplicar el Plan El Salvador Seguro y exhortó a los Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolver sobre los 900 millones de dólares. Esperemos que la responsabilidad aparezca en quienes tenazmente bloquean el financiamiento público.
