Licenciada Norma Guevara de Ramirios
En el último día hábil, el viernes 21 de diciembre, la Asamblea Legislativa aprobó el Presupuesto General de la Nación, la Ley de Salarios y los Presupuestos Especiales; con ello se abre paso a un ciclo positivo para la economía y se aseguran los servicios, los programas y prestaciones sociales, que en justicia le corresponden a las y los trabajadores del sector público; así como otros sectores como los veteranos de guerra del FMLN y de la FFAA.
Parecía difícil, solamente los diputados del FMLN se mostraban realmente interesados en su aprobación, y su tenacidad fue reconocida por otros diputados; pues se requirió de dar una y otra vez explicaciones por el ministro de Hacienda. Tener claridad y justificación de ingresos y gastos previstos.
La Asamblea disminuyó el total del presupuesto en 20 millones de dólares; el ministro de Hacienda actualizó la proyección de ingresos incrementando 90 millones de dólares; a la vez actualizó las estimaciones del déficit fiscal, disminuyendo medio punto (de 3.7 % a 3.2 % respecto al PIB); lo que llevó a reducir en 110 millones de dólares la emisión de bonos que aseguren el completo financiamiento.
Es importante reiterar lo que en otras ocasiones se ha sostenido en este espacio: el presupuesto es del pueblo, y es para el pueblo; pero es bueno agregar que el sentido de justicia que contiene el presupuesto aprobado se lo imprime la sensibilidad y los valores de un gobierno de izquierda, pues para el Presidente Salvador Sánchez Cerén y para el FMLN, la finalidad de la acción política es buscar el bien común, caminar hacia la justicia social. Esto implica invertir los recursos públicos en la gente, especialmente la menos favorecida.
Con excepción del Ministerio de Hacienda, que redujo en 20 millones sus gastos, todos los demás fueron respetados.
Con ello se asegura que los maestros y maestras tendrán un incremento salarial de 50 dólares mensuales y los empleados administrativos del mismo ramo un incremento de 30 dólares mensuales.
En el presupuesto se aseguran mejoras para trabajadores del sector salud, en una relación que es mayor para quienes ganan hasta mil dólares (8 % mensual), luego a los que ganan hasta dos mil dólares (4 %) y el resto 2 %. Esto significa que trabajadores administrativos, enfermeras, laboratoristas, médicos, recibirán su incremento salarial a partir de enero de 2019.
Otros ramos que tienen contratos colectivos o escalafones, también se aseguran sus mejoras salariales, entre ellos, la PNC, empleados de Hacienda, MOP, Trabajo, ANDA y otros.
Pero el universo más favorecido es el que recibe subsidios de energía, gas, agua y transporte. En el subsidio al gas, más de un millón de personas y microempresarios son beneficiados; en el transporte público, más del 80 % de la población cuenta con tarifas estables desde hace diez años, gracias al subsidio.
Programas como el paquete escolar, el subsidio a los estudiantes de la UES, la Universidad en línea, alimento escolar y vaso de leche que favorece a más de un millón de niñas, niños y jóvenes, están asegurados para 2019.
Unos 80 mil veteranos de 57 años y más recibirán 60 dólares mensuales, además de otros programas de salud y becas para sus hijos, ello requirió que en el presupuesto se pasara de 16 a 52 millones de dólares, para las prestaciones que por primera vez recibe este sector, además de una cantidad mayor para los lisiados de guerra por medio del Fondo de Protección de Lisiados.
Todos los programas sociales existentes y los servicios públicos que prestan las instituciones del Estado están asegurados con financiamiento del presupuesto.
El presupuesto es por eso una herramienta legal, económica y política. Contar con ese conjunto de leyes es una necesidad para el funcionamiento del país y su desarrollo.
Mil nueve millones de inversión se han asegurado con esa aprobación, y por eso merece un reconocimiento la capacidad de concertar que fue requerida para que el país tenga ya presupuesto.
Adicionalmente la Asamblea resolvió en la misma plenaria otra de sus obligaciones, la elección del fiscal general de la República, que recayó en el abogado y notario Raúl Melara, quien fungirá como tal a partir del 5 de enero próximo.
Tanto la financiación del presupuesto como la elección del fiscal requieren mayoría calificada, 56 votos como mínimo, por tanto el más delicado ejercicio de diálogo político; sabiendo que ningún partido tiene por sí mismo la capacidad de tomar una decisión así; y valorando que en esta vez el respaldo de ambas decisiones alcanzó 83 votos, representa el consenso de todos los partidos políticos.
Reconocer es un deber.
Que tengamos una Feliz Navidad es deseo compartido.