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Buenos Aires/PL/AFP
En maratónica y candente sesión, viagra la Cámara de Diputados convirtió hoy en ley la emergencia ocupacional que prohíbe los despidos y estipula la doble indemnización a los echados sin causa alguna, pero el presidente Mauricio Macri la vetará.
En un debate que comenzó el miércoles al mediodía y concluyó sobre las 06:00 hora local de este jueves, el proyecto del Frente para la Victoria (FpV) que llegó a la cámara baja con media sanción del Senado fue aprobado por 147 votos a favor, tres en contra y 88 abstenciones.
Anoche, mientras transcurría la discusión en el palacio legislativo, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo en la Casa Rosada que Macri vetaría la norma, y canales televisivos señalan esta mañana que lo hará en las próximas horas.
Con la masiva abstención de los diputados de Cambiemos, la alianza oficialista jugó la estrategia de dejar aprobar el proyecto que menos costo político le hará pagar al Presidente al vetarlo.
Un segundo anteproyecto presentado por el Frente Renovador (FR) incluía además incentivos fiscales a la pequeña y mediana empresa que contraten personal, así como para el empleo juvenil. Su aprobación significaría que el proceso se dilatara pues tendría entonces que pasar a deliberaciones del Senado.
A última hora, la bancada de 37 diputados de la alianza Unidos por una Nueva Argentina, que lidera el FR de Sergio Massa, dio su apoyo a la iniciativa del FpV con aval senatorial que contó además con los votos de aliados, el Bloque Justicialista y otros representantes opositores.
Los tres diputados que votaron por la negativa fueron el chubutense Sixto Bermejo (Trabajo y Dignidad), José Ignacio de Mendiguren (FR) y el salteño Alfredo Olmedo (FR).
El diputado y sindicalista Facundo Moyano (FR) celebró la aprobación de la ley antidespidos y advirtió que un veto presidencial a la norma sería una decisión arbitraria del presidente Macri.
En declaraciones radiales luego de la votación, Moyano adelantó que los sindicatos se sentarán a discutir qué hacer si finalmente el mandatario rechaza la ley.
Adujo, no obstante, que el proyecto de la UNA era superador al ahora sancionado. Massa, por su lado, criticó la abstención del oficialismo por considerar que Cambiemos firmó un dictamen de comisiones de minoría en el que rechazaba la doble indemnización.
El portal La Política On Line anticipó que la bancada oficialista que integran los partidos Propuesta Republicana -del Presidente-, Unión Cívica Radical y Coalición Cívica no se opondría al proyecto de FpV para evitar que se prolongara el debate y apurar el veto presidencial y así poner punto final al asunto.
En la larga sesión se aprobaron también la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Devolución (parcial) del impuesto IVA a jubilados y otros beneficiarios.
El 27 de abril, el Senado aprobó por 49 votos a favor y 16 en contra, en la primera derrota política de Macri desde que asumió la presidencia, el 10 de diciembre.
La ley tiene respaldo de las cinco centrales obreras, que denuncian unos 155.000 despidos desde que Macri llegó a la presidencia, en un marco de deterioro social con un aumento de la pobreza que llega a 34,5% de la población, según un estudio de la Universidad Católica.
La iniciativa fue impulsada por el kirchnerista Frente para la Victoria (peronismo de centroizquierda), con el apoyo del peronismo no kirchnerista y la centroizquierda.
Versiones de prensa señalaron que la estrategia del gobierno sería dejar que se apruebe la ley para que de inmediato sea vetada por el presidente, en un intento por acotar el desgaste político.
«Sería un grosero error político que Mauricio Macri vete esta ley, está desconociendo al sector del trabajo y a una situación generada por ellos, por los ajustes», dijo el diputado Jorge Taboada, del Frente Renovador (oposición peronista al gobierno y al kirchnerismo).
Algunos líderes sindicales advirtieron que si Macri veta la ley convocarán a una huelga general.
Ley «innecesaria»
El Ejecutivo desplegó una serie de medidas en las últimas semanas para evitar la aprobación bajo el argumento de que la ley es «innecesaria».
Para ello, impulsó un acuerdo con las cámaras empresarias, a las que hizo firmar un compromiso público de que mantendrán su plantilla de empleados por 90 días.
Pero los sindicatos alertaron sobre el eufemismo de «mantener la plantilla», ya que pueden reemplazar empleados de alto costo salarial por otros de menor salario sin romper el pacto con el gobierno.
El acuerdo no hace referencia a frenar las cesantías en la administración pública. El gobierno admitió 11.000 despidos en el ámbito público.
Macri también envió un proyecto de ley para pequeñas y medianas empresas que incluye créditos blandos por más de 9 millones de dólares a tasas preferenciales y exenciones impositivas.
La ley antidespidos propone declarar la emergencia ocupacional por seis meses, en los cuales un trabajador despedido sin causa puede solicitar su reincorporación inmediata o percibir doble indemnización.
Empresarios advierten que esto golpeará a las pequeñas y medianas empresas (pymes) que deban reducirse por la caída del consumo y el incremento de costos derivado de una inflación del 40% anual, unos aumentos del 30% en combustibles y de hasta 900% en servicios básicos (electricidad, gas y agua).
El gobierno también convocó para el jueves al Consejo del Salario, donde junto a empresarios y sindicatos resolverá elevar el salario mínimo para los trabajadores registrados, de 6.060 pesos (400 dólares) y actualizar el ingreso del seguro por desempleo, inmóvil desde 2006 en 400 pesos mensuales (unos USD 26).
El temor a perder el empleo se ha convertido en la mayor preocupación de los argentinos, según un sondeo de la consultora Analogías.
El gobierno asegura que logrará poner en caja la inflación y el consumo se revitalizará a partir del segundo semestre.
Pero hay escepticismo porque, a dos meses del inicio del esperado «segundo semestre», la inflación ronda el 20% acumulado en 2016.
