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Redacción Nacionales
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La Fundación Cristosal ha registrado más de 500 casos de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción impuesto por el Gobierno para combatir la delincuencia; sin embargo, dicha herramienta estatal, ha servido para que las fuerzas de seguridad cometan arbitrariedades, tales como detenciones, tortura, así como violaciones a derechos fundamentales. Recientemente, Cristosal reportó 555 casos de vulneraciones a derechos humanos de 596 personas. De esa cifra, 87.4% son hombres y 10.3% son mujeres. El grupo etario más afectado han sido los jóvenes de entre 18 a 30 años con un 56.4%, seguidamente el etario de 31 años en adelante con un 32.7%, mientras que los de 12 a 17 años representan el 1.7%.
El victimario en su gran mayoría ha sido la Policía Nacional Civil (PNC), con un 77.2%, luego la Fuerza Armada con el 11.2% y ambas instituciones un 9.1%. Los hechos o tipos de vulneraciones han sido principalmente la detención arbitraria con un 87.7% de los casos, lesiones con un 4.7%, robo con un 1.7% y la muerte de persona detenida refleja el 0.4%. Sobre las detenciones arbitrarias que se han efectuado, las fuerzas de seguridad no brindan un detalle de su captura y menos presenta una orden judicial; de hecho, con el régimen de excepción se ha suspendido el derecho a la defensa y ampliado la detención administrativa, pasando de 3 a 15 días.
David Morales, de Cristosal, afirmó que las víctimas “parecen estar entre dos fuegos”, por una parte, la violencia de pandillas y por la otra, la violencia de Estado, ya que, con el régimen de excepción, tal y como Cristosal y otras organizaciones, así como medios de información han reportado sobre diversas situaciones donde el Estado se ha convertido en uno de los principales promotores de violaciones a los derechos humanos.
La organización ha documentado al menos 16 muertes en centros penitenciarios en lo que va de régimen de excepción, en su mayoría han sido por negligencia de las autoridades, ya que los fallecidos han sido causados por golpizas entre internos y por la falta de medicamentos que las autoridades no permiten ingresar, “en ambas situaciones hay una responsabilidad de violación a la vida”, expresó Morales.
La directora anticorrupción de Cristosal, Ruth Eleonora López, recalcó que las vulneraciones a inocentes “no pueden esconderse”. Ya que el Estado como tal no ha reconocido la vulneración de derechos a salvadoreños. “Estoy segura de que hoy ya sobrepasamos las 600. Una captura arbitraria afecta vidas para toda la vida”. Las cifras brindadas por Cristosal no incluyen las de otras organizaciones.
El Salvador atraviesa por un régimen de excepción desde el 27 de marzo del presente año, debido a un repunte en los homicidios; en solo 3 días, fueron 87 salvadoreños que resultaron asesinados; sin embargo, investigaciones periodísticas confirman con audios que dicha situación se generó debido al rompimiento de un pacto que había entre el Gobierno con las pandillas.
