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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Con la finalidad de financiar la ejecución de proyectos que generen desarrollo en beneficio de la población de menores ingresos y con una mayor vulnerabilidad, la Asamblea Legislativa aprobó la incorporación de recursos al Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía.
Según el decreto, los fondos a transferir a la institución servirán para contratar servicios de consultoría con el propósito de mejorar el Sistema de Agua Potable y Saneamiento en municipios de los departamentos de Morazán, La Libertad y Cuscatlán.
Para tal efecto se incorporarán $206 mil 680 provenientes de saldos recibidos por la Superintendencia General de Electricidad, de años anteriores, en concepto de aplicación de multas a los operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones.
Los parlamentarios también aprobaron reformas a la Ley del Presupuesto en el ramo de Presidencia de la República para añadir $200 mil que servirán para dar continuidad al Programa de Apoyo al Plan Social de El Salvador, y desarrollar herramientas de diseño y gestión para la implementación de los programas del plan, entre otros programas del Sistema de Protección Social Universal, el Registro Único de participantes, así como un sistema de monitoreo.
Estos fondos provienen de un Convenio de Financiación entre el Gran Ducado de Luxemburgo y la República de El Salvador, relativo al Fondo Común de Apoyo Programático (FOCAP), al Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social de El Salvador, el cual fue suscrito el 27 de diciembre de 2016, con el fin de contribuir a la reducción de la pobreza y vulnerabilidad de la población salvadoreña, mejorar ingresos, empleo y seguridad social de la misma, así como desarrollar potencial humano, vida saludable y bienestar, hábitat y vivienda seguros, entre otros.
El pleno legislativo aprobó también reformas a la Ley Especial para legalización de los antiguos derechos de vía declaradas en desuso y desafectadas como de uso público, para ser transferidas en propiedad a las familias de escasos recursos que las habitan.
El dictamen favorable fue emitido por la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, en la legislación actual se prohíbe que los beneficiarios de esta normativa familias de escasos recursos económicos y entidades de utilidad pública, puedan dar en arrendamiento o cualquier otra forma indirecta la explotación de los bienes desafectados.
El propietario de un inmueble afectado por un proyecto de infraestructura vial, se encuentra imposibilitado de vender el inmueble, dificultando la ejecución de dichos proyectos de inversión pública.
