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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Asamblea Legislativa aprobó una ley especial transitoria para establecer el estado familiar, filiación y nacimiento o muerte de víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños. Una iniciativa del Gobierno, que fue modificada en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, sin consultar a las víctimas.
Esta iniciativa enviada por el Ejecutivo fue brevemente discutida por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa que recibió a un equipo técnico del Ministerio de Gobernación, quienes explicaron que la ley va encaminada a facilitar a los familiares de la víctimas, el registro para reclamar una indemnización.
Vera Castro, representante de Gobernación, dijo que en la actualidad existen personas que no tienen sus documentos porque se quemaron. “Muchos no poseen un respaldo con el que puedan acreditar su situación legal. Las bondades de este decreto van encaminadas a beneficiar a las víctimas”.
Agregó que es una situación extraordinaria, y que dicho problema jurídico debe ser solucionado.
Esta ley tendrá vigencia tres años, y tiene previsto que por la ley se puedan incorporar a nuevas víctimas al registro ya existente.
La Comisión de Justicia, encabezada por diputados de Nuevas Ideas, a través de Rebeca Santos,brindó un pronunciamiento previo a la plenaria de este martes y dijo que existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la cual enlista a las víctimas de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños, las cuales “necesitan ser indemnizadas”.
“Con esta ley se pretende que las personas esclarezcan su estado familiar, a través de un subsidiario rápido que realiza un notario para que puedan definir su situación familiar, que estuvieron vinculados con las víctimas directas, hay esposas, hijos etc. que necesitan esclarecer su fecha y partida de nacimiento, de defunción que por alguna razón desaparecieron en las alcaldías y puedan ellos esclareciendo esta situación familiar, ser parte de este listado pata estar en esa indemnización que ya el Gobierno ve como una realidad”, destacó Santos.
La diputada por Vamos, Claudia Ortiz, sostuvo que las víctimas “son la voz más importante de lo que debe ocurrir para tener verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. No deben ser ignorados”.
Ortiz, quien es miembro de la instancia legislativa, dijo que Gobernación había presentado una propuesta que tenía elementos positivos. Pero cuando los invitados se fueron, presentaron una nueva iniciativa, la cual, se le dio lectura y se aprobó “sin más”.
“Este dictamen sin entrar al fondo, pues no fue posible analizar un proyecto de ley que nada más se leyó en voz alta y no tuvimos el texto para analizarlo y compararlo con el que presentó el Gobierno y consultar a las víctimas”, lamentó Ortiz.
Según la opositora, la ley tiene tres vacíos, “primero, no hubo discusión, por lo tanto, podría ser inconstitucional; segundo, es que fue impuesto y falta de legitimidad, en la materia de DDHH especialmente está el principio de que las víctimas están al centro y, por lo tanto, toda medida y decisión que se tome y que les afecte debe ser consultada con ellos; y tercero, se faltó el principio de máxima publicidad en el debate legislativo, ¿cómo vamos a conocer un proyecto de ley que solo fue leído?, ¿cómo vamos a analizarlo como sociedad?”.
Habrá que recordar que en febrero de 2019 se aprobó disposiciones transitorias para este mismo fin. Los legisladores afines, aseguraron que esta ley va en el sentido de facilitar los trámites de manera articulada con otras instituciones para que las víctimas puedan ser incorporadas al listado.
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