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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
La Asamblea Legislativa aprobó ayer con los votos de 78 diputados, dos reformas a la Constitución de la República para reconocer el agua como derecho fundamental y como un bien público. Las reformas deberán ser ratificadas con los votos de por lo menos 56 diputados de la legislatura 2021-2024.
Parlamentarios de todas las representaciones partidarias respaldaron las reformas aprobadas y expresaron la necesidad por aprobar la Ley General de Aguas que regulará el aspecto de la entidad rectora del agua y su conformación y se comprometieron a avalar la ratificación de las reformas en la próxima legislatura.
La modificación al artículo 2 de la Carta Magna, establecerá que los salvadoreños tendrán derecho al agua y su saneamiento: “Toda persona tiene derecho a la vida, al agua y su saneamiento, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos”.
En tanto, el artículo 69 incluirá en su inciso segundo: “Es obligación del Estado crear políticas públicas y leyes que garanticen a todos los habitantes agua salubre y asequible, así como el aprovechamiento y preservación de los recursos hídricos. El agua constituye un bien público”.
En la discusión en el pleno del dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, se votó por incluir en la reforma que estableciera además que el agua es un bien sin fines de lucro, pero la propuesta recibió solo 31 votos y se decidió votar por el dictamen avalado en la comisión.
El diputado de ARENA, Emilio Corea, expresó que la aprobación de las reformas constitucionales sienta las bases para evitar iniciativas de privatización de la gestión del vital líquido.
Por su parte, el diputado del FMLN, Damián Alegría, instó a no politizar el tema del agua y no utilizarla como “arma electoral”, y subrayó en que la entidad o autoridad gestora del agua debe ser pública.
La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció al agua y su saneamiento como un derecho humano en el año 2010. La legislatura salvadoreña 2009-2012 aprobó una reforma para hacer el reconocimiento, pero la legislatura 2012-2015 no reunió los votos para la ratificación. La Asamblea Legislativa 2015-2018 no discutió el tema.
