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@arpassv
A mediados de este mes fueron extendidas por un año más las medidas extraordinarias de seguridad pública impulsadas por el Ejecutivo. La prórroga se aprobó con amplio respaldo legislativo: 77 de 84 diputados, incluidos la mayoría de ARENA, partido cuyos criterios fundamentales de decisión son la defensa del interés oligárquico y el boicot permanente contra el gobierno.
Las medidas incluyen encierro total a reos peligrosos y aislamiento de los cabecillas de pandillas, audiencias judiciales virtuales y aplazamiento de plazos procesales para que los delitos no prescriban, participación de efectivos militares en tareas de seguridad pública y aval a la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones para aplicar severas sanciones a empresas telefónicas que incumplan con el bloqueo de señales en los centros penales.
El argumento gubernamental para solicitar la prórroga de dichas medidas fue la significativa reducción de los asesinatos y la mejor percepción de seguridad en comunidades asediadas por las pandillas. El respaldo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC) y el aval de la Procuraduría de los Derechos Humanos, también fueron decisorios.
Esto confirma que la apuesta principal de las autoridades de Seguridad será mantener la estrategia de control y persecución del delito: combate frontal contra la criminalidad. Las claras señales de debilidad que ya muestran los grupos pandilleriles, indican que “no se debe aflojar” en esta ofensiva.
Sin embargo, es necesario y urgente advertir sobre graves abusos, arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos que algunos elementos policiales y militares cometen al calor de la estrategia represiva antipandilleril. Denuncias planteadas por organizaciones como FESPAD y la misma PDDH deben llamar la atención del gobierno: el debido proceso y el irrestricto respecto a los derechos humanos, deben ser también apuesta gubernamental.
Y otra apuesta indiscutible son las medidas de prevención de la violencia, la reinserción de delincuentes y atención a las víctimas de la violencia. En tal sentido, deben profundizarse y ampliarse los esfuerzos del Ejecutivo para la prevención de la violencia juvenil, como “Jóvenes con Todo” y “Actívate”.
La Asamblea Legislativa debe aprobar sin más retrasos ni pretextos el financiamiento necesario para llevar estos programas a todos los y las jóvenes del país. Los diputados también deben acelerar la aprobación del proyecto de Ley para la Reinserción de Pandillas, presentada por el Ejecutivo con aprobación del Consejo de Seguridad Ciudadana.
Así, la estrategia de seguridad podrá transitar del “extraordinario y temporal” enfoque represivo hacia una visión más equilibrada e integral que combine eficazmente prevención, represión y reinserción. La apuesta debe ser la aplicación plena del Plan “El Salvador Seguro”, elaborado por el multisectorial CNSCC.
