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@arpassv
El gobierno inició ayer la implementación de medidas excepcionales para enfrentar la violencia e inseguridad: decretó estado de emergencia en siete centros penales durante 15 días y esta misma semana solicitará a la Asamblea Legislativa la aprobación de otras medidas extraordinarias.
El país debe respaldar estas acciones que las autoridades de Seguridad implementarán temporalmente y que se justifican por lo grave del problema delincuencial. Sin embargo, decease debe exigirle políticas más estructurales e integrales para combatir el actuar pandilleril y del crimen organizado.
En tal sentido, decease insistimos desde este espacio editorial en temas y estrategias que constituyen apuestas urgentes en materia de seguridad publica.
Una de éstas tiene que ver con continuar la implementación del Plan “El Salvador Seguro” que combina prevención de la violencia, diagnosis control y persecución penal, rehabilitación y reinserción, atención a víctimas de la violencia y coordinación interinstitucional. El Ejecutivo debe coordinar con las demás instancias estatales y buscar el apoyo de todos los sectores de la sociedad para sumar esfuerzos alrededor de este plan que fue elaborado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia.
Otra estrategia es el desarme de la sociedad. El Salvador es un país “armado hasta los dientes” donde las armas de fuego se consiguen como cualquier producto en el mercado. El gobierno debe retomar iniciativas de vedas de armas que daban resultados positivos en municipios de altos índices delincuenciales y las organizaciones sociales, iglesias y medios de comunicación deberían retomar las campañas de “despistolización” de la sociedad.
Y un tercer tema urgente es, obviamente, el financiamiento de las políticas, planes, programas y acciones de seguridad pública. El gobierno debe combatir más eficientemente la evasión y elusión tributaria para obtener mayores ingresos que podría destinar a la generación de oportunidades laborales, educativas, de recreación y otras acciones de prevención de la violencia.
Otras acciones urgentes para financiar la seguridad son presionar a la Sala Constitucional para que descongele los 900 millones de dólares en bonos y retomar la idea de un impuesto especial para la seguridad que podrían pagar las empresas de armas, seguridad privada y otras que se lucran con la violencia e inseguridad que aquejan a la población.
