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Áreas protegidas en mesoamérica aíslan a los pueblos indígenas

México/AFP

Las acciones de conservación del medioambiente en la región mesoamericana alimentan conflictos con los pueblos indígenas, quienes han demostrado ser los mejores protectores de esas zonas, denuncia un estudio presentado este jueves en México.

«Tal como el muro que el señor [Donald] Trump prevé para México, tenemos efectivamente un muro que ha crecido alrededor de muchas áreas protegidas, excluyendo a las personas que dependen de los bosques para su supervivencia» dijo Andrew Davis, uno de los autores del estudio.

Realizado por Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente (Prisma), la investigación sugiere que la política ambiental actual es errónea, no sólo por parte de los gobiernos, sino que también involucra a organizaciones conservacionistas y naciones contribuyentes.

El análisis de Prisma, que comprende de México hasta Panamá, muestra que existen evidencias de que los pueblos indígenas y comunidades rurales, «cuando tienen derechos reconocidos y protegidos sobre sus territorios, superan con regularidad la gestión pública y privada de los bosques».

Como ejemplo citan un estudio económico que indica que en los bosques tropicales de Bolivia, Brasil y Colombia, «los fuertes derechos territoriales indígenas y comunitarios se traducen en tasas de deforestación que son dos o tres veces más bajas que en otras zonas de los bosques».

De acuerdo con el documento, el 38% de las áreas protegidas en Centroamérica se encuentran en territorios indígenas, debido a la alta biodiversidad que hay en ellos, paradójicamente se les impide a las comunidades locales seguir cuidando de ellas.

Así reservas de biosfera en la región fueron establecidas sin una consulta a las comunidades locales, casos como la Reserva de la Biosfera Maya (Guatemala), la Reserva de la Biosfera de Río Plátano (Honduras), la Reserva de la Biosfera de Bosawas (Nicaragua) o el Parque Nacional Darién (Panamá).

«Las políticas gubernamentales bloquean nuestro acceso a los recursos», dijo el presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas, Gustavo Sánchez, en alusión a la Reserva de la Mariposa Monarca, en México.

El responsable agregó que la instalación de esta reserva evitó que se realizaran control de plagas y que se impidiera el «avance desenfrenado de las plantaciones de aguacates», así como de taladores ilegales.

El informe revela que sólo 21 de 188 países incluyeron a los pueblos de los bosques en sus planes para reducir las emisiones de carbono bajo el Acuerdo de París.

Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas, instó «a los negociadores de la conferencia sobre biodiversidad en Cancún a que presten atención a los resultados de este estudio». «No alcanzarán sus metas sin la ayuda de los pueblos indígenas del mundo», explicó.

Indígenas guatemaltecos piden control de santuario natural del que fueron desalojados

Indígenas mayas asentados en el santuario natural de Semuc Champey, en el norte de Guatemala, pidieron este jueves al gobierno se les devuelva la administración del parque y cese la persecución contra líderes locales luego de un desalojo violento en julio pasado.

Los indígenas pretenden «que el Estado le devuelva a las comunidades la administración del área protegida», dijo a la AFP Víctor López, director de la asociación Utz Che’ que acompaña a los pobladores del monumento natural ubicado a 110 km al norte de la capital, en el departamento de Alta Verapaz.

López explicó que las comunidades se encuentran atemorizadas luego de que el pasado 5 de julio las fuerzas de seguridad los desalojaron violentamente para retomar el control del atractivo turístico, que cuenta con piscinas naturales atravesadas por el río Cahabón.

El operativo dejó al menos tres policías heridos de bala y varios comunitarios lesionados.

Los indígenas maya-q’eqchi’ habían ocupado el santuario natural en setiembre de 2015, al argumentar que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas no les entregaba un aporte pactado de 30% de los ingresos por visitas al lugar.

«También se pide que se deje de criminalizar a las autoridades ancestrales con órdenes de captura, con rumores que ya van a ser capturados», agregó López, quien explicó que la situación será denunciada en la conferencia de la ONU sobre biodiversidad que se realiza en el balneario mexicano de Cancún.

Un decreto legislativo de 2005 declaró a Semuc Champey como área protegida, pero las comunidades denuncian que fueron excluidas de la conservación del lugar y que son señaladas por las autoridades «como invasoras cuando ellas llevan cientos de años en el área», según un comunicado de los pobladores emitido en setiembre pasado.

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