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@elder_gomez_2
La opositora ARENA condicionó sus votos a la extensión de las Medidas Extraordinarias que impulsa el gobierno para combatir la delincuencia, a la aplicación de reformas a un Decreto que dio vida en 2015 a la “Contribución Especial”, que grava el 5 por ciento a los productos relacionados con la telefonía y la comunicación digital.
Rodrigo Ávila, legislador por ARENA, explicó que con la reforma al Decreto de la “Contribución Especial”, se busca que parte de lo cotizado en el cobro de esos impuestos sea destinado a la Fiscalía General de la República (FGR), que supuestamente afronta un déficit de más de $22 millones.
Ávila aseguró que el Decreto de creación del impuesto a la telefonía, “está muy amplio”, y los recursos “han sido utilizados en cosas que nada tienen que ver con la Seguridad Pública”.
La “Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia” a la telefonía fija y móvil, así como sus derivados, como la adquisición de todo tipo de accesorios informáticos, fue aprobada por el congreso en 2015.
Hasta agosto del año pasado, el gobierno había recaudado en impuesto a la telefonía, $ 36.5 millones, según datos oficiales.
Las “Medidas Extraordinarias”, mientras tanto, fueron aprobadas el año pasado, y su vigencia caduca en abril venidero, por lo que el gobierno ha pedido al congreso la ampliación de su vigencia, que ha sido aprobada por diputados que integran la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad, pero ello tiene que ser autorizado por el Pleno Legislativo.
Junto a las “Medidas Extraordinarias”, la Asamblea Legislativa también aprobó la colocación de $ 152 millones en bonos, para reforzar a la agobiada Seguridad Pública salvadoreña.
Ávila insistió en que con el cobro del impuesto a la telefonía “hay una cosa muy difusa”, porque el gobierno emplearía los fondos en áreas “que nada tienen que ver con la Seguridad Pública”.
Registro Criminal
El parlamentario también abogó porque la Asamblea Legislativa apruebe un “Registro de Grupos Criminales”, para documentar a los delincuentes que se encuentran en el país, y los que podrían ser deportados de Estados Unidos durante la administración de Donald Trump.
Recordó que la deportación de pandilleros salvadoreños encarcelados en Estados Unidos, “ya sucedió en 2006” y ahora “estamos preocupados de que eso se pueda replicar”.
Aseguró que con ese proyecto, Estados Unidos envió a El Salvador 10 mil pandilleros, pero la cifra se incrementó años después con la expulsión de esa nación de otros delincuentes, lo que ha incrementado el número de esos delincuentes en unos 70 mil en este país centroamericano.
“Tenemos que estar preparados”, reiteró, y reveló que el Departamento de Seguridad de esa nación tiene documentados a los pandilleros que operan en Estados Unidos.
“Sino contamos con un instrumento legal, el resultado puede ser gravísimo, catastrófico”, advirtió Ávila, es director de la Policía Nacional Civil (PNC).
