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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Un tema que ya tiene más de doce años de discusión en la Asamblea Legislativa es la reforma constitucional al artículo 69 para que se considere el agua como un derecho humano. Una lucha de diversas organizaciones sociales y ambientalistas que contempla el cierre de cualquier vacío que permita la privatización del vital líquido.
Esta iniciativa de modificación a la Carta Magna regresó a la agenda de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales luego de varios meses sin avance alguno, en la sesión de este lunes de ese grupo de trabajo se leyeron las propuestas de diferentes sectores y se preguntó a los legisladores si había consenso para aprobar el fondo de lo solicitado. Al respecto, el partido ARENA volvió a dar un rotundo “no” como respuesta al considerar que cerrar las puertas a la participación de los privados en la administración del agua va contra los principios que rigen a ese instituto político. “Dar mi voto a una redacción que limita la participación de la iniciativa privada va contra los principios que rigen a nuestro partido, y que represento en este órgano del Estado”, dijo Ricardo Velázquez, diputado de ARENA.
Para los diputados del partido tricolor, limitar la iniciativa privada, que a su juicio es el motor del desarrollo del país, es el inconveniente que impide la modificación a la Constitución de la República.
Mientras que para Javier Valdés, diputado del FMLN, esta postura demuestra que la intensión de privatizar el agua abanderada por ARENA sigue presente en la discusión que involucra el derecho humano al agua, es decir, el privilegio del consumo de la población por sobre el enriquecimiento de unos pocos.
“La intensión del partido ARENA es privatizar el agua, si no es así por qué no aprobamos esto así como está, queda claro quienes son los que se están oponiendo a modificar la Constitución para incorporar el derecho humano al agua”, expuso el legislador. El diputado de izquierda llamó a los parlamentarios a dejarle claro a la población de lo que se trata el tema y es de evitar que se haga uso económico del recurso hídrico para enriquecimiento y recordó que el papel de las juntas de agua es de interés social, es decir, sin fines de lucro.
Lo anterior porque el argumento de los partidos de derecha para no otorgar la gestión del agua únicamente al Estado es que las juntas de agua son iniciativas privadas y cobran por su servicio a la población.
