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Para los salvadoreños, pilule de sobra es conocido que a ARENA nunca le ha preocupado la seguridad y el bienestar de la población salvadoreña. Este partido siempre ha estado en la frontera de la ilegalidad debido a su accionar político, discount cuya práctica recurrente es hacer uso de la corrupción, la violencia y los pactos oscuros con poderes fácticos de grupos de poder. Pero como dentro de este partido de derechas se encuentran personajes de mucho peso político y económico, ARENA se ha dado el lujo de actuar en esa situación sin que haya sido cuestionada por alguien. De hecho, este partido político ha desarrollado campañas sucias tanto electorales como de otra índole, echando mano del terror mediático para lograr su ventaja. Así triunfó en las elecciones de 1994, de 1999 y las de 2004; y en la actualidad conduce una sistemática y bien orquestada campaña desleal y sucia en contra del pueblo y gobierno salvadoreño. De ahí que ARENA como instituto político no refleja una auténtica preocupación por la seguridad de la población, por el contrario, hace uso político del dolor y del sufrimiento de la población salvadoreña para obtener los resultados que quiere en detrimento de la vida de salvadoreños y salvadoreñas víctimas de la violencia terrorista a la que es sometido este sufrido país.
La población salvadoreña, especialmente la más educada, ha sabido que ARENA es una institución que usa sin escrúpulos cualquier medio para lograr sus objetivos. Ya antes de poseer unas pruebas tan contundentes como son el audio y video donde altos funcionarios del partido ARENA están ratificando su accionar terrorista contra el gobierno, sabíamos que el partido ARENA estaba metido en estructuras terroristas. Esa participación reprochable y constante ha buscado como objetivo primordial la desestabilización de los gobiernos del FMLN. Además ha tenido el claro interés de colocar a ese partido de derechas en el ejecutivo a costa de sangre, terror y muerte de víctimas inocentes de la sociedad salvadoreña.
En el video y audio en mención que constituye la prueba suficiente para iniciar un proceso civil y judicial en contra de ARENA se escuchan varios elementos incriminatorios. Algunos de estos elementos son, en primer lugar, que el funcionario de ARENA, Ernesto Muyshondt, consulta a los líderes terroristas sobre qué opinión les merece como candidato Facundo Guardado como Ministro de Seguridad y Justicia que Norman Quijano, candidato a la presidencia del partido ARENA, tiene como parte de su gabinete de gobierno para el momento de ganar el Ejecutivo en el 2014. En segundo lugar, Muyshondt habla respecto del Centro de Reclusión de Alta Seguridad ubicado en Zacatecoluca (denominado vulgarmente como Zacatrás), y promete a los líderes terroristas su clausura, afirmando que eso es una cuestión de tiempo (mediano plazo) para la administración Quijano. Y en tercer lugar, ante la solicitud de financiación de la estructura terrorista para echar a andar el plan que están orquestando en esa fecha y a juzgar por los resultados electorales de 2014, ARENA financió a la estructura terrorista ya que además existen testimonios de ciudadanos quienes afirman que terroristas les confiscaron sus Documentos Únicos de Identidad, para que no ejercieran su derecho al sufragio en marzo de 2014.
Ahora bien, ya se han escuchado comentarios respecto del mencionado video y audio, de parte de funcionarios del gabinete de gobierno quienes ingenuamente ven en este grave hecho una oportunidad de sacarse una espina que han tenido clavada en su costado, por la acusación de parte de la derecha de pactar con los terroristas en aquella tristemente célebre Tregua entre pandillas llevada a cabo en el 2012. Ante dichas opiniones los salvadoreños necesitamos lucidez, y por tanto, demandamos mayor eficiencia y astucia de parte de los funcionarios del Estado para la defensa del pueblo y gobierno salvadoreños, ya que para eso se les ha elegido y, para decirlo en palabras vulgares pero asertivas, para eso se les paga. En este sentido, se pide mayor énfasis y consistencia de parte del Secretario de Comunicaciones de la presidencia quien afirmara en un medio de comunicación que los “Vínculos entre ARENA y las pandillas que evidencia un video en que se ve al diputado Ernesto Muyshondt y al edil de Ilopango, Salvador Ruano, conversando con líderes de estructuras pandilleriles, representan una amenaza a los planes de seguridad del actual Gobierno”. No, no es así la cuestión. Al contrario, ARENA no está atentando contra los planes de seguridad del gobierno, sino lo que está haciendo de forma alevosa y malintencionada contra la seguridad y la vida de los salvadoreños en general que a diario perecen a manos de estructuras terroristas. Eso compromete a ARENA y le instala al margen de la ley y del orden jurídico salvadoreño.
Los salvadoreños que desde hace ya buen tiempo pensamos críticamente sobre la realidad que vivimos y padecemos en este país, sabemos que de acuerdo con la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo (LECAT) que define a la maras y pandillas como terroristas y que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, declaró que el mismo calificativo será aplicado para cualquier pandilla u organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado, atemorizando, poniendo en grave riesgo o afectando sistemática e indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población o de parte de ella.
La mencionada ley añade que en consecuencia, sus jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas, quedan comprendidos dentro del concepto de “terroristas” en sus diferentes grupos y formas de participación e independientemente de que tales grupos armados u organizaciones delictivas tengan fines políticos, criminales, económicos (extorsiones, lavado de dinero, narcotráfico, etc.). Por lo anterior, se debe concluir que tanto las organizaciones terroristas como sus financistas y apologistas, dentro de los cuales se encuentra el partido ARENA, deben ser consideradas como organizaciones que atentan sistemáticamente contra la vida, la seguridad e integridad personal de la población salvadoreña, donde se incluye, por supuesto, los atentados y asesinatos indiscriminados contra las autoridades civiles, militares, policiales y penitenciarias; contra la propiedad, mediante la ejecución de delitos de extorsión a personas naturales o jurídicas; vulneraciones al derecho de todo ciudadano de residir en cualquier lugar del territorio, obligándoles a abandonar sus comunidades y lugares de residencias mediante amenazas. Asimismo, en contra del derecho a la educación, puesto que se obliga a la deserción de estudiantes, debido al temor de ser víctimas de aquellas organizaciones; contra el libre tránsito, debido a que hay zonas específicas donde ciertas personas no pueden circular, bajo riesgos de sufrir atentados a su vida o integridad. En consecuencia, la LECAT es clara al afirmar que tanto los miembros de organizaciones terroristas como sus colaboradores, apologistas y financistas, son terroristas en sus diferentes grupos y formas de participación.
Siendo esta ley tan clara y ante la prepotencia supina de los individuos en cuestión, que participaron directamente y representando a su partido político; es más, que sin dejo de duda expresan en su opinión “que sin duda volverían a negociar con líderes terroristas”. Cosa que nos hace recordar aquella actitud de un expresidente salvadoreño del mismo partido ARENA, que afirmara ante una comisión de legisladores, que había recibido muchos millones de dólares, más de los que se le estaba adjudicando en ese momento como desviados de la finalidad que el gobierno de Taiwán pretendiera para ese momento. Esto induce a concluir lógicamente que el partido ARENA, en su ansia desenfrenada de poder y ante la realidad fáctica de este momento de no poder acceder a él, incurre de forma sistemática, compulsiva y reiterada en el delito de atentar contra el pueblo y Estado salvadoreño; hecho que constituye a su vez, razón suficiente para iniciar el proceso de cancelación institucional del partido ARENA.
Esto es lo que se debe deducir de la petición de principio que se hace a la institucionalidad salvadoreña, cuando se le exige que El Salvador debe cumplir la ley ante estos hechos tan eclatantes de los dirigentes de ARENA en contra de la vida de los salvadoreños. Por tanto, se solicita a las instancias competentes, iniciar el proceso de cancelación del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), como signo de sanidad institucional y para bien del pueblo salvadoreño.
