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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
El partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) pidió a funcionarios elegidos bajo su bandera abstenerse de descalificar o atacar al partido, sus autoridades u otros miembros del mismo.
En un comunicado difundido este martes, ARENA advierte que sus estatutos facultan la sanción, suspensión, inhabilitación y expulsión a quienes cometan los ataques y descalificaciones.
El partido tricolor emitió esta advertencia después de que el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt dijera en una conferencia de prensa este lunes que ARENA era “cómplice de una sinvergüenzada”, en alusión a la asignación de fondos a las municipalidades para la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19, la cual sería realizada con base en parámetros utilizados para la entrega del Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES).
Según Muyshondt, esta forma de repartir los recursos es inequitativa y no toma en cuenta aspectos importantes como el de la densidad de población del municipio o su importancia para la productividad nacional ha señalado en reiteradas ocasiones que habría municipios de la zona rural que recibirían sumas equivalentes de hasta $700 por habitante y en la capital sería de unos $15.
El edil sostuvo que quienes tomaban las decisiones en ARENA respondían a “pequeños grupúsculos de interés” y que a la vez son sus “patrocinadores”.
Además, acusó directamente al jefe de la fracción legislativa arenera, Carlos Reyes, de promover la repartición de fondos con criterio FODES, puesto que beneficiaría a los municipios del departamento que representa en el congreso. Reyes es parlamentario propietario por el departamento de Cabañas, uno de los menos poblados del país.
Tras las declaraciones del alcalde, el diputado Reyes responsabilizó vía Twitter a Ernesto Muyshondt de cualquier atentado en su contra, su familia o equipo de trabajo.
“Las aseveraciones del jefe edilicio son alarmantes y fuera de contexto. Aclaro a la población, No soy yo quien asigna fondos a las alcaldías”, publicó Reyes.
En su respuesta, el parlamentario instó al edil a transparentar y priorizar el uso de $84 millones para costear el proyecto de videovigilancia en la capital, cuyo contrato ha sido declarado como “información reservada”.
