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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Las elecciones Legislativas y de concejos municipales del pasado 4 de marzo y todo lo que rodeó ese proceso hace honor a una frase popular en el mundo de la alta costura que reza: “la moda pasa pero siempre regresa con el tiempo”, y es que en la política salvadoreña el término puede aplicarse, ya que los resultados de los comicios revivieron
aquello que en los noventa fue una moda, la alianza entre los partidos ARENA y PCN.
Para que este viejo matrimonio entre los dos partidos de derecha se reconciliara, que con la llegada del FMLN a la presidencia de la República parecía disuelto, alguien tuvo que interceder como mediador, ese papel lo tomó el candidato presidencial arenero Carlos Calleja.
Esta reconciliación propiciada por el magnate de supermercados fue confirmada por Mario Ponce, diputado del PCN, quien señaló que en una reunión que sostuvo el secretario general de su partido Manuel Rodríguez, “se ha determinado que en todo el trabajo que ARENA haga en
la Asamblea la última palabra la tenga Carlos Calleja”.
Ponce explicó que su partido tuvo una reunión con el candidato presidencial para darle a conocer el plan de trabajo legislativo que inició el primero de mayo con la toma de posesión de los diputados elegidos para la legislatura 2018-2021.
“No hay que verlo como una negociación, son coaliciones. Tenemos muchas similitudes con ARENA y PDC, en política, compartimos diputados y por lo tanto cualquier acuerdo político va acorde a estos acontecimientos”, remató Ponce.
El acuerdo para rotarse la presidencia por año y medio confirmado durante la sesión solemne de toma de posesión puso la rúbrica al pacto entre ARENA y PCN que ahora también incluye al PDC, al obtener un puesto inmerecido en la Junta Directiva del Congreso, y con lo que van a tener el control casi total del Órgano Legislativo y les permitirá aprobar leyes, reformas constitucionales y superar vetos presidenciales, algo que en años anteriores provocó la dolarización, privatización de las pensiones y la telefonía.
Es importante recordar que esta alianza política que dominó el congreso salvadoreño en la década de los noventa y heredó al país leyes e impuestos que siguen siendo cuestionados por buena parte de la población, serán parte de una nueva agenda que podría afectar a las grandes mayorías.
En 1996 la Asamblea Legislativa aprobó la privatización del sistema de pensiones, que en esos momentos dependía del Estado, con los votos del bloque de la derecha dominado por ARENA y PCN. El FMLN se opuso a dicha acción pero no contó con el apoyo suficiente para evitarla. Otro de los bienes estatales que la alianza ARENA-PCN privatizó fue la telefonía. También, el aumento del IVA al 13% y la dolarización fueron aprobadas por el bloque de la derecha. Una alianza que buscó privatizar el sistema de salud y que opuso a la creación de una Ley de Agua, que hasta el momento no cuenta con resolución a favor de la población y que en repetidas ocasiones han tratado de privatizar al pretender dar mayor participación a la empresa privada en el organismo rector del anteproyecto que se estudia en el congreso, y la prohibición de la minería metálica acordada recientemente.
A esta coalición ARENA-PCN también se le atribuye la creación de impuestos como el de guerra que se cobra a través del combustible, además de leyes como la que permitió la venta de la banca nacional.
Con la confirmación de la reconciliación entre las dos fuerzas de derecha y la adhesión del PDC, las organizaciones sociales y la izquierda legislativa sospechan una posible modificación a la ley de
minería que entró en vigencia en 2017, y aprovechar la correlación en el congreso salvadoreño para aprobar una ley del agua a conveniencia de la empresa privada.
En los últimos días y mediante la petición de una reforma
constitucional, la derecha legislativa comandada por ARENA anunció su intención de modificar la Carta Magna para eliminar el límite de hectáreas de tierra rústica que una persona puede poseer.
Esta petición, que según la derecha beneficiaría a la población, en realidad abre las puertas al regreso de los terratenientes y la acumulación de la propiedad en beneficio de quienes se dedican en la actualidad al cultivo de la caña de azúcar que provoca graves daños al medioambiente.
