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Alberto Romero de Urbiztondo
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En Argentina largas filas de personas en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba o Catamarca, esperan para llenar la documentación de solicitud de apostasía, es decir, de renunciar a su pertenencia a la Iglesia Católica.
Es la reacción al comportamiento que han tenido la Iglesia Católica y otras iglesias evangélicas, presionando a los legisladores argentinos para que no dieran su voto a la demanda de despenalización del aborto que un amplísimo movimiento social planteaba a sus legisladores. Desde hace décadas habían construido un consenso social basado en postulados de igualdad de género, justicia social, salud pública y ciudadanía sexual y reproductiva, que demandaba la legalización del aborto. Sin embargo, las jerarquías religiosas han negado su reconocimiento como víctimas del aborto inseguro, como sujetas de derechos en el debate parlamentario, a mujeres principalmente de sectores que viven en pobreza y siguen muriendo o sufriendo secuelas en su cuerpo, producto de no tener acceso a servicios seguros de interrupción del embarazo. Pretenden imponer una moral hegemónica y patriarcal, que incluso desde la propia feligresía católica ha generado disidencias hacia aquellos mandatos eclesiásticos de maternidad como destino obligatorio para las mujeres y de heterosexualidad como norma.
Como una respuesta ante esta actitud de sus jerarquías eclesiásticas, miles de personas están haciendo apostasía de su pertenencia a la Iglesia Católica, pidiendo formalmente que se borre su nombre de los registros que esta Iglesia tiene de su feligresía y en la que fueron inscritos al bautizarlos, de recién nacidos y sin preguntarles si querían libremente pertenecer a esa iglesia.
Como dice la Coalición Argentina para un Estado Secular, coordinadora de esta iniciativa «Obtener el voto para las mujeres, la ley de divorcio, igualdad matrimonial, la ley de identidad de género, la ley de fecundación humana asistida, la ley de la educación sexual integral, la ley de la muerte digna, se hicieron luchando contra el poder clerical, que busca tener un dominio total sobre nuestras mentes y cuerpos». Para lograrlo es necesario un Estado laico, que si bien garantice la libertad religiosa y de pensamiento, sea autónomo de las iglesias para definir sus leyes y políticas públicas.
