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Buenos Aires/Prensa Latina
Por Glenda Arcia
Durante 2022, la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, sufrió amenazas, ofensas, un intento de asesinato y una condena judicial, hechos que conmovieron a ciudadanos, organizaciones y líderes de varios países.
En menos de un año, integrantes de agrupaciones de extrema derecha, como Revolución Federal, lanzaron cocteles molotov contra la Casa Rosada, colocaron bolsas mortuorias con fotos suyas en los alrededores de la sede de Gobierno, aseguraron que la llevarían a la horca y lanzaron basura al Instituto Patria, fundado por ella.
El 1 de septiembre, un hombre llamado Fernando Sabag trató de matarla con una pistola mientras ella saludaba a personas reunidas en las afueras de su domicilio en el capitalino barrio de Recoleta para expresarle su apoyo ante la constante persecución judicial.
Aunque apretó dos veces el gatillo, la bala no salió, lo cual fue considerado por muchos como un milagro.
Siento que estoy viva por Dios y por la Virgen, afirmó Fernández pocos días después e instó a reconstruir el pacto social establecido tras la última dictadura militar en este país (1976-1983), el cual resultó gravemente dañado por semejante agresión.
Tras el ataque, comenzó un proceso investigativo, cuestionado por la exjefa de Estado por las irregularidades cometidas y la negativa de la jueza María Eugenia Capuchetti a continuar indagando cuando las pistas apuntaban a presuntos lazos entre tres detenidos, fuerzas extremistas, políticos opositores y empresarios vinculados al exmandatario Mauricio Macri (2015-2019).
Finalmente, el 6 de diciembre el Tribunal Oral Federal 2 impuso una pena de seis años en prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la también titular del Senado de la Nación por supuesta administración fraudulenta en perjuicio de la gestión pública.
Este veredicto corresponde a la llamada Causa Vialidad por presuntas irregularidades en la adjudicación de 51 obras en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, hechos que la expresidenta rechazó y desmintió durante tres años de audiencias.
La exjefa de Estado señaló la existencia de un Estado paralelo, una mafia y un partido judicial que la procesaron por delitos que no cometió.
Además, aseguró que su inhabilitación es la verdadera condena buscada por jueces, fiscales, empresarios y políticos contrarios al peronismo.
En varias oportunidades antes de la sentencia, Fernández advirtió estar ante un pelotón de fusilamiento y alertó sobre un partido judicial, reemplazante del militar que impedía expresar libremente la voluntad popular y condicionaba la democracia durante la dictadura.
Esta causa será estudiada en el futuro como ejemplo de este período tan nefasto en el que los juzgados dejaron de serlo para convertirse en representantes de un sector político, afirmó.
Llegará un momento en el que los responsables tendrán que responder por todo lo que hicieron durante esta etapa. La historia condenará a quienes tomaron decisiones para estigmatizar a fuerzas políticas y personas, sin pruebas y en violación abierta de la Constitución, aseveró.
En ese contexto descartó ser candidata a presidenta en 2023 para no someter al peronismo a que lo maltraten en período electoral.
Magnetto (Héctor Horacio, accionista principal del grupo Clarín) podrá dar la orden a sus esbirros de Casación y la Corte Suprema para que me detengan, pero mascota suya no seré jamás. Todo eso si antes a algunos empresarios no se les ocurre financiar a otras bandas de marginales para que me peguen un tiro, pues me quieren presa o muerta, señaló.
Las agresiones en su contra recibieron denuncias de agrupaciones políticas, sociales y sindicales, líderes de países como Brasil, Cuba, Bolivia y Venezuela, el Papa Francisco, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y organizaciones como el Grupo de Puebla.
El presidente Alberto Fernández, ministros, legisladores del Frente de Todos (FdT), embajadores y organismos como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo expresaron su indignación y desconcierto y condenaron los intentos de apartarla del escenario político poco antes de la cita en las urnas.
“Los jueces, en contubernio con las corporaciones y el macrismo, se complotaron para proscribirla. El proceso estaba pensado para que interviniera en una campaña con la condena y la inhabilitación sobre su cabeza”, señaló el periodista argentino Luis Bruschtein.
Es el escenario que propone el macrismo, donde ellos son los que digitan los candidatos. El peronismo es puesto otra vez en la misma disyuntiva. Las opciones son: resignarse a moverse en el espacio estrecho que le asignan, donde no tiene posibilidad de generar ningún cambio, o patear el tablero y abandonar el sistema, añadió.
Asimismo, indicó que el año próximo el FdT participará en los comicios sin su principal líder, mientras que un Poder Judicial corrupto y en putrefacción se convierte en policía política y no acepta la convivencia de pensamientos políticos diversos.
La condena no es solamente contra Cristina, sino contra todos los argentinos, porque debilita el sistema democrático sobre la base de un proceso turbio y manipulado, aseveró.
La divulgación del veredicto coincidió con la revelación de un viaje de jueces, empresarios, exfuncionarios y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia a la mansión en Lago Escondido, Patagonia argentina, del magnate británico Joe Lewis.
Entre los implicados, acusados de admisión de dádivas e incumplimiento de sus deberes, se encuentran Julián Ercolini, magistrado que instruyó la causa contra la vicepresidenta; ejecutivos del Grupo Clarín y personas vinculadas a Macri.
El presidente ordenó una investigación sobre el caso que, dijo, “expuso, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan”.
Recientemente, representantes de más de 40 organismos defensores de los derechos humanos aseveraron que la democracia argentina, reestablecida hace 39 años, está nuevamente en riesgo.
No podemos dejar de observar las coincidencias entre lo sucedido con Cristina y con el presidente electo de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue encarcelado tras un juicio bochornoso, sin garantías constitucionales, apunta un comunicado conjunto.
No obstante, señala que los pueblos no olvidan y son capaces de luchar con fuerza. Llamamos a los ciudadanos a tomar conciencia de lo peligroso que puede ser un poder judicial que se coloca por arriba de la voluntad popular, alerta.
La vigencia de un acuerdo democrático durante casi cuatro décadas requiere que seamos capaces de juzgar a los responsables de los delitos del período de mayor horror de nuestra historia, pero también que no haya proscripción, persecución o cárcel sobre aquellos que representan los intereses populares, concluye.
