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La Procuradora General de la Nación dictaminó que la detención de al dirigente Milagro Sala es ilegal y debe ser dejada sin efecto, además que no se contempló la “inmunidad de arresto” al ser legisladora electa para el Parlasur.
Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de la Nación, elaboró dos dictámenes en los que sentencia que la detención de la dirigente jujeña es “ilegal y debe ser dejada sin efecto” y que además no se contempló la inmunidad de arresto de la que gozaba Sala al ser legisladora electa para el Parlasur.
Agregó que la justicia jujeña no fundó los riesgos procesales que justificarían su encarcelamiento cautelar.
La procuradora general rechazó de plano el fundamento del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, el cual alegaba que los legisladores del Parlasur no gozaban de inmunidad de arresto ya que se trataría de una cuestión regulada por los instrumentos internacionales, que no consagran inmunidad de arresto en el territorio argentino. Gils Carbó alegó que, de todas formas, los legisladores del Mercosur se equiparan a los diputados nacionales.
La procuradora general dictaminó que el argumento de la justicia jujeña, que justificaría la prisión preventiva de Sala, carece de fundamentos.
Cuestionó el hecho de que el Tribunal Superior jujeño “añadió que la posición de liderazgo y la capacidad organizativa de la señora Sala permitían inferir la existencia de riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación sin explicitar de qué modo tal condición tendría entidad, en el caso, para justificar tal aseveración, y omitiendo determinar si esa circunstancia se mantiene en la actualidad”.
En ese sentido, recordó que la Procuración General “ha considerado que las características personales del supuesto autor no son, por sí mismas, justificación suficiente de la prisión preventiva”.
Es decir, según el dictamen de Gils Carbó, el encarcelamiento preventivo de Sala es ilegal y debe ser dejado sin efecto debido a su caracter arbitrario como por la inmunidad de arresto de la que goza Milagro Sala.
La dirigente de la Tupac Amaru se encuentra detenida desde el 26 de enero de 2016, poco más de un año que el Gobierno represivo de Gerardo Morales (UCR-Cambiemos) le armó una causa por un acampe en la plaza principal de la capital jujeña, un claro ataque a las libertades democráticas atentando contra el derecho de protesta.
El Gobierno jujeño tuvo que responder cuestionamientos por parte de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alrededor de la privación de libertad de la dirigente política.
