Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Buenos Aires / AFP
Yemeli Ortega
Con el espaldarazo del FMI que declaró a la deuda argentina insostenible, el gobierno de Alberto Fernández buscará renegociar con sus acreedores privados. Pero la tensión aumenta ante la incertidumbre de lograr quitas de capital en corto plazo.
Desde que asumió la Presidencia en diciembre, Fernández (centroizquierda) pregona que su país, en recesión desde mediados de 2018, no puede pagar la deuda si su economía no crece primero.
Entre acreedores crispados que no ceden ni un ápice y fuertes vencimientos en puerta para finales de marzo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se puso del lado del gobierno argentino al señalar que la deuda «no es sostenible», tras una misión al país sudamericano que terminó el miércoles.
«Nos acusaban de populistas, de irresponsables, pero resulta que hoy nos despertamos todos con que el que nos dio la razón es el FMI», celebró Fernández el jueves, en un acto público.
Argentina, que en 2001 declaró el cese de pagos por 100.000 millones de dólares, lucha por alejarse del default.
Y el FMI también se esfuerza para que se evite ese escenario.
«Creo que tenemos una buena oportunidad de negociar algo razonable porque el FMI tiene interés en evitar un default», dijo este jueves Héctor Torres, exrepresentante de Argentina ante el organismo multilateral, a una radio local.
Argentina tiene una deuda total de 311.251 millones de dólares, equivalente a más de 90% de su PIB. De ese monto, lo que busca refinanciar son acreencias con bonistas privados por 121.979 millones de dólares (35,9% del PIB), y con organismos multilaterales por 72.679 millones (21,4% del PIB).
– «Espaldarazo» –
La postura del FMI «no es alentadora para la economía argentina pero sí para la negociación. Es un espaldarazo para el gobierno», estimó a la AFP Matías Rajnerman, economista jefe de la consultora Ecolatina.
«El FMI obviamente es una voz autorizada en el mercado financiero, y que diga que la deuda no es sostenible podría flexibilizar la posición de los acreedores privados», explicó.
Argentina arrastra una inflación anual de más de 50%, una fuerte depreciación monetaria y un aumento de la pobreza a casi 40%.
Para el FMI, Argentina «requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados», en referencia a quitas de capital, rebaja de intereses y aplazamientos de pagos.
Esta postura «elimina cualquier duda de que los acreedores privados tendrán que aguantar grandes recortes», estimó la consultora Capital Economics, que auguró «prolongadas pugnas» con bonistas reacios a ceder.
Claudio Loser, exdirectivo del FMI, estima que por el momento «no hay forma de saber el monto de la quita» que podría estar sobre la mesa, pero piensa que puede ser de 30% del capital.
Sin embargo, advierte que la posición del FMI solo surtirá efecto si el propio organismo pacta un nuevo programa con Argentina. «Si no, los acreedores no tienen a qué atenerse, porque no hay plan claro», enfatizó.
El FMI «prestará más dinero a Argentina para pagar el viejo préstamo, extendiendo los vencimientos de las obligaciones», prevé Capital Economics.
Argentina suspendió su relación con el FMI en 2006, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner, cuyo jefe de gabinete era Fernández, canceló 9.600 millones de dólares que el país adeudaba al organismo.
Durante la Presidencia del liberal Mauricio Macri (2015-2019), la relación retomó y en 2018 Argentina suscribió un acuerdo stand by por 57.000 millones de dólares. Fueron entregados 44.000 millones, pero Fernández renunció a los tramos pendientes.
– Campo de batalla –
Argentina debe lanzar su oferta a los acreedores a mediados de marzo, pues a finales de ese mes empezarán los vencimientos que debe afrontar en 2020, equivalentes a 34.300 millones de dólares. Las reservas internacionales rondan los 44.700 millones de dólares.
Aún así, «la urgencia del gobierno para definir un trato (con los bonistas) se atizará recién el próximo año», subrayó Capital Economics.
Del total de vencimientos de 2020, solo 4.300 millones están denominados bajo legislación extranjera (que implica que puede ir a arbitraje en tribunales de otros países).
Así, «el gobierno podría cumplir con sus pagos de deuda en 2020, ya que más del 80% de ellos están bajo legislación local y podrían seguir siendo reperfilados unilateralmente por el Parlamento», explicó Capital Economics.
Ya el año pasado, todavía durante el gobierno de Macri, la deuda con bonistas bajo legislación local fue reperfilada.
