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Ciudad de Guatemala/AFP
Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron este martes a tres jueces señalados por actos de corrupción, entre ellos una jurista que benefició con libertad condicional a implicados en un fraude en las aduanas nacionales que provocó una crisis en el país, informó la Fiscalía.
La primera detenida fue la jueza Marta Sierra, de quien «se presume pudo llegar a acuerdos ilegales con seis sindicados de la red de defraudación aduanera ‘La Línea’, a quienes habría beneficiado con fianzas para salir en libertad», dijo a periodistas Julia Barrera, vocera de la entidad.
«Se estableció a través de interceptaciones telefónicas que la decisión favorable» para los detenidos «pudo responder a una negociación ilegal (…) a cambio de dinero», detalló la fuente.
Sierra conoció en primera instancia el caso de evasión de impuestos aduaneros a cambio de sobornos, descubierto en abril pasado por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), adscrito a la ONU, que involucró al entonces presidente Otto Pérez y la vicegobernante Roxana Baldetti.
Pérez y Baldetti son señalados como cabecillas de la estafa y se vieron obligados a renunciar a sus cargos. Ahora se encuentran en prisión preventiva y ligados a la investigación junto a casi treinta personas más.
También fue capturada la jueza Jisela Reinoso por «el presunto incremento injustificado de su patrimonio, ya que cuenta con bienes que sobrepasan su poder adquisitivo y resultan incongruentes con los ingresos que devenga como empleada pública y como docente», agregó Barrera.
La jurista enfrenta cargos de lavado de dinero u otros activos, enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial y obstaculización a la acción penal.
Además, fue detenido el magistrado Erick Santiago, presidente de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento indígena de Quiché (oeste), sindicado por pretender cobrar un soborno de unos 1,3 millones de dólares para beneficiar a una empresa.
Según la acusación de la Fiscalía, Santiago negoció el soborno a cambio de un fallo favorable para una empresa que fue sentenciada a pagar un equivalente de 12 millones de dólares dentro de una causa civil.
