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Por Yemeli Ortega
México/AFP
La captura de un exjefe policial de Iguala, la ciudad del sur de México donde desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa a manos de uniformados en 2014, despertó esperanzas entre autoridades y los desesperados padres sobre un avance en este intrincado caso.
Felipe Flores, de 58 años, era secretario de Seguridad Pública de Iguala al momento de la tragedia, y aparentemente «fue uno de los responsables de coordinar el operativo que devino en la agresión a los estudiantes», dijo en conferencia de prensa Renato Sales, comisionado nacional de Seguridad.
Flores, capturado en Iguala, fue acusado de delincuencia organizada y del secuestro de los jóvenes aquella fatídica noche del 26 de septiembre de 2014, añadió.
Esta detención «permitirá recabar una declaración fundamental para el esclarecimiento de los hechos», comentó en Twitter la fiscal general Arely Gómez, en un caso que ha perseguido al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto desde hace más de dos años.
De su lado, los familiares de los estudiantes tomaron la noticia «con calma. Ya no se cree mucho en el trabajo de la procuraduría», dijo a la AFP Felipe de la Cruz, vocero de los padres.
«Esperamos que en las declaraciones, este personaje diga lo que realmente pasó, dónde están los jóvenes y que no sea uno más en la cárcel», subrayó.
Hasta ahora, 131 personas han sido arrestadas por este caso, incluyendo al entonces alcalde de Iguala José Luis Abarca, su esposa, numerosos policías y presuntos miembros de Guerreros Unidos.
«Complicidad» entre autoridades
El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigó el caso aseguró en un informe en abril que a pesar de las inconsistencias de Flores, «no se ordenó su detención hasta tiempo después, lo que permitió que se diera a la fuga».
Para los padres de los estudiantes, existe una «complicidad» entre las autoridades, dijo De la Cruz.
«Sabemos que (Flores) es uno de los principales autores materiales (…) y nos sorprende que a dos años y días (del crimen), sea detenido precisamente en Iguala. Todo el tiempo se había buscado y lo encuentran en el mismo lugar», lamentó.
Sales argumentó que Flores «no siempre estaba en Iguala», y que su captura, realizada cuando visitaba a su pareja, fue posible tras varios meses de investigación.
«Verdad histórica»
Según la fiscalía general, los jóvenes fueron atacados a tiros por policías de Iguala, quienes los entregaron al cártel narcotraficante Guerreros Unidos. Los sicarios los habrían asesinado e incinerado en un basurero antes de arrojar sus restos a un río.
Flores «es señalado por acatar la instrucción notoriamente ilegal» de Abarca de «perseguir y atacar a los normalistas» cuando se dirigían a un evento público de su esposa, lo que derivó en dos enfrentamientos que dejaron seis muertos, varios heridos y la desaparición de los 43 jóvenes, aseguró Sales.
Las conclusiones de la fiscalía fueron descritas en 2015 como la «verdad histórica» por el entonces fiscal general Jesús Murillo Karam, pero las autoridades se han ido retractando.
Hasta ahora, sólo se han podido identificar plenamente los restos de uno de los estudiantes y los expertos de la CIDH aseguran que no existe prueba científica de que los jóvenes hayan sido quemados en ese basurero.
Ahora la fiscalía explora nuevas líneas de investigación y realiza pesquisas con escáneres de láser, una tecnología conocida como Lidar que captura imágenes térmicas en la tierra para localizar restos humanos.
«Seguimos pensando que es simulación. Nosotros no los buscamos muertos, los buscamos en vida porque hasta hoy no han podido demostrar que estén muertos para buscarlos en fosas con esa tecnología», dijo De la Cruz.
