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Redacción Nacionales
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El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador decretó la tarde de este lunes, arresto domiciliar para Mauricio Ramírez Landaverde, exministro de Justicia y Seguridad, así como para Fernando Roque Mártir, exinspector general de Centros Penales.
Los tres jueces que llevan el caso determinaron dar esta medida, ya que la defensa técnica de Ramírez Landaverde ha insistido en el incumplimiento de la orden de libertad, que fue decretada el 11 de diciembre , luego que se venciera el plazo máximo de la detención provisional.
Las medidas sustitutivas que tiene Ramírez Landaverde y Roque Mártir fueron emitidas a finales de 2023, pero la Dirección General de Centros Penales, dirigida por Osiris Luna, se ha negado a cumplir.
“Ordenaron reiteradamente a Centros Penales ponerlo en libertad, vamos a continuar el 20 de este mes con el juicio y parte de las medidas que le había impuesto, le impuso el arresto domiciliar para garantizar su presencia en el juicio”, afirmó el abogado de Ramírez Landaverde.
La defensa ha señalado que de no darse cumplimiento se estaría vulnerando el principio de igualdad, porque los otros capturados en este caso gozan de medidas sustitutivas, no así el también exdirector de la PNC Ramírez Landaverde y Roque.
Esta audiencia de vista pública se realizó de manera virtual.
Los jueces van a retomar el juicio el próximo 20 de agosto y sumaron la medida de arresto domiciliar a las medidas sustitutivas a la detención ya impuestas.
Con esto se pretende garantizar que en el juicio estén presentes Ramírez Landaverde y Roque Mártir.
Este caso salió a la luz pública cuando Mauricio Ramírez Landaverde y 18 personas más fueron procesadas por presunta corrupción en tiendas penitenciarias, en el sonado caso de la Asociación Yo cambio, conocida como “Asocambio”. La defensa ha demostrado que no hubo tal corrupción.
También se les acusa de los delitos de actos arbitrarios, peculados, cohecho impropio y falsedad.
La FGR ha sostenido que los fondos de Asocambio, que son fondos que familiares depositan a los reos para alimentación, es que fueron utilizados indebidamente por los acusados.
En la administración de Ramírez Landaverde, se crearon 21 cuentas bancarias, cada una repreentaba un centro penal, para el manejo de los fondos de los privados de libertad.
Los representantes de Asocambio fueron acusados en 2021 de haber admisitrado por lo menos $510 mil y no $14 millones como lo indicaba la acusación fiscal, según la pericia financiera contable realizada en el caso.
