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Oscar López
@OscarCoLatino
El Arzobispado de San Salvador, la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se pronunciaron por la falta de una legislación que priorice el consumo del agua.
La PDDH y el Arzobispado de San Salvador externaron su apoyo a la propuesta de Institucionalidad para la Regulación Pública de Aguas con Participación Ciudadana, elaborada por la UCA, la que plantea crear una entidad autónoma denominada “Autoridad Nacional de Aguas”, que tenga en su dirección representantes del gobierno y también de la ciudadanía.
“La propuesta se basó en un amplio proceso de consulta entre los diferentes sectores de la sociedad salvadoreña y aspira ser un aporte para superar los actuales obstáculos para construir consensos en la búsqueda de soluciones a la crisis hídrica que amenaza el futuro de nuestra nación”, dijo José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador.
De igual forma, el arzobispo de San Salvador agregó que “nos genera una enorme preocupación que al conmemorar el Día Mundial del Agua El Salvador siga careciendo de un adecuado marco regulatorio en materia hídrica y que las discusiones al interior de la Asamblea Legislativa aún no han logrado el consenso para aprobar una ley que se vuelve cada día más necesaria”, dijo.
Las tres instituciones coincidieron en que se debe aprobar una legislación que garantice la protección, conservación y adecuada gestión del agua en El Salvador. Asimismo, afirmaron que la falta de aprobación de una ley de agua tiene implicaciones perjudiciales.
Escobar Alas agregó que las instituciones y otras organizaciones de la sociedad civil reconocen al agua como “fuente de vida y como bien público”, por lo que el acceso a la misma es un derecho humano fundamental y por ende es “obligación del Estado garantizarlo de forma equitativa, eficiente y sostenible a todos sin exclusión”.
Andreu Oliva, rector de la UCA, agregó que desarrollaron un estudio sobre la institucionalidad de agua en América Latina, la que hizo un comparativo de la legislación de 13 países de la región. “En todos ellos se constata que la institucionalidad pública del recurso hídrico es un factor común, son los gobiernos centrales los que tienen la competencia de dictar políticas y regular el recurso hídrico en cada uno de esos 13 países”, dijo.
