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@arpassv
Al final de la semana pasada la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) aperturó un proceso de subasta para asignar varias frecuencias de radiodifusión, cheap entre éstas los canales 7, capsule 13, 14, 16, 18 y 20 de televisión abierta. Dichos canales serán entregados sin más criterio que la mayor oferta económica.
Este hecho constituye un verdadero asalto a la libertad de expresión, al derecho a la comunicación y a la posibilidad de construir un modelo de medios democrático. Porque ¿cómo es posible que un bien público, vinculado al ejercicio de la democracia deliberativa y la participación equitativa en la construcción del debate público, sea entregado a quién ofrezca más dinero, como si se tratara de una mercancía?
Tal como recomienda la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, las frecuencias radioeléctricas deben ser asignadas con criterios “transparentes y equitativos” con el propósito de “garantizar a todos los individuos la igualdad de oportunidades en el acceso y operación de los medios de comunicación en condiciones de equidad”.
Las frecuencias y canales que la SIGET está subastando deberían destinarse a la creación de más medios públicos y medios comunitarios para generar una mayor diversidad mediática que garantice la pluralidad de voces existentes en la sociedad. Esto sentaría las bases para la construcción de un modelo mediático acorde a los estándares internacionales, entre éstos los de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que platean una gama equilibrada de medios públicos, privados y comunitarios.
Por eso este día más de 50 organizaciones sociales, académicas y de medios comunitarios integrantes de la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo) exigieron a la SIGET y a la Presidencia de la República que suspenda el referido proceso de subasta, a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional la subasta de frecuencias radioeléctricas y a la Asamblea Legislativa que apruebe los proyectos de ley de medios públicos y de radiodifusión comunitaria.
El país entero debe indignarse por este atentado contra la posibilidad de democratizar el modelo mediático vigente que demuestra, especialmente en las coyunturas electorales, su vinculación con poderosos intereses económicos y políticos que menoscaban los intereses de la población. La democracia plena no puede convivir con estructuras mediáticas dominadas por oligopolios privados, lo dice la Relatoría de la OEA en su “Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión”.
