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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Comisión Política de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para aprobar la Ley Anticorrupción, propuesta por el Ejecutivo, con ello, se obligaría a los funcionarios a presentar una declaración jurada de sus pasivos y activos en cada ejercicio fiscal.
La ley aplicaría a funcionarios, empleados y servidores públicos, agentes de autoridad y autoridades públicas de cualquier órgano de Gobierno, instituciones del Estado, de las municipales, instituciones oficiales autónomas y desconcentradas así como los particulares, ya sean personas naturales o jurídicas en los términos establecidos en la ley.
La ley propuesta por el Ejecutivo tiene por objeto establecer el marco legal para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción en el ejercicio de la función pública; actualizando disposiciones sobre la determinación del patrimonio, estableciendo de manera articulada la colaboración entre las instituciones de la Administración Pública; así como promover la cultura de la información para una efectiva contraloría social, para lograr una mayor integridad en la función pública y lucha reforzada contra la corrupción.
El artículo 6 de la iniciativa ordena crear el Sistema Nacional Integrado Anticorrupción (SINAC), el cual estará conformado por las instituciones que “de manera directa tienen incidencia en la labor de contraloría, regulación y verificación sobre el patrimonio de los funcionarios, empleados públicos y servidores públicos (…). Estará constituido por la FGR, Ministerio de Seguridad, PNC, CCR, CSJ, Ministerio de Hacienda, la SSF, CNR, MOP, RNPN, entre otras.
Se crea un ente rector adscrito a la Fiscalía General de la República, que se denominará, Centro Nacional Anticorrupción, que será el encargado de ejecutar todas las acciones de inteligencia relativas a la prevención, investigación y persecución a los delitos relativos a la corrupción.
La ley que estudió la Comisión Política este miércoles va en sintonía con las reformas al Código Penal presentadas por el Ejecutivo, que tienen por objeto adaptar y actualizar la legislación. Se aumentará la pena del delito de peculado, negociaciones ilícitas, enriquecimiento ilícito, cohecho entre otros. Se crearán nuevos tipos penales, como la omisión por denuncia o aviso de corrupción, encubrimiento personal, ocultamiento o alzamiento de bienes productos de la corrupción y testaferros.
Los funcionarios, empleados públicos y servidores públicos y demás, que se encuentran obligados a presentar declaración de su patrimonio conforme al artículo 240 de la Cn. y la Ley Sobre el Enriquecimiento Ilícito de funcionarios y empleados públicos, también estarán obligados a presentar junto con su declaración anual de impuesto sobre la renta, una declaración jurada.
Esta, se denominará “informe de pasivos y activos”, la cual se mantendrá actualizada y permanente en el portal electrónico del Ministerio de Hacienda de forma pública, y el funcionario o empleado público que sin justa causa lo incumpla o la presente de forma falsa o no brinde el consentimiento expreso para su público, “deberá ser sustituidos de sus cargos”.
Al respecto, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, quien estuvo de invitado en la Comisión, sostuvo que la declaración jurada constituye un informe de activos y pasivos y debe ser presentada en la finalización de cada ejercicio fiscal.
Es de recordar que en el primer periodo de Gobierno, el presidente Nayib Bukele creó la CICIES, justamente, para combatir la corrupción, pero, cuando la entidad anticorrupción denunció al menos doce casos de sospechas de corrupción en el gobierno, el mandatario la disolvió.
