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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Con la finalidad de contribuir al seguimiento de las medidas de prevención del COVID-19 en el país, la Asamblea Legislativa aprobó una solicitud de prórroga presentada por el gobierno central a la Ley de Suspensión Temporal de Derechos Constitucionales Concretos.
El decreto de ley en cuestión se aprobó durante la sesión plenaria del pasado 14 de marzo mediante la cual se restringen por un período de 15 días algunos derechos constitucionales referidos a la libertad de movilización e ingreso al país de personas en tránsito que puedan portar el virus, reunión y libertad de no ser obligado a cambiar de domicilio.
La propuesta del gobierno contemplaba una prórroga al decreto en cuestión pero en la sesión de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa se valoró que la extensión de la disposición para que se implementara por 30 días era inconstitucional por lo que convinieron en crear un nuevo marco legal que establezca un nuevo régimen de excepción.
Al cierre de la nota solo se contaba con el dictamen favorable de la Comisión Política misma que aún no se sometía a aprobación del pleno legislativo por lo que el presidente del primer órgano de Estado decidió decretar un receso en la reunión para las diez de la mañana de este viernes.
Minutos antes de que se decretara el receso, el pleno legislativo aprobó una interpretación auténtica a la Ley de Emergencia Nacional para resolver una disparidad de criterios a aplicar proveniente del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) referente a que la institución pague los salarios de los trabajadores que por disposiciones del gobierno guardan cuarentena en sus hogares.
La iniciativa expone que el ISSS negaba el pago de salarios a estos trabajadores planteando que el beneficio únicamente se daría a personas que resultaran infectadas por COVID-19 y a quienes no portaran el virus serían las empresas las encargadas de otorgar la compensación laboral.
Los legisladores acordaron, con 45 votos a favor, la interpretación auténtica para establecer que el ISSS se encargue de pagar los salarios correspondientes a personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas o empleados que padezcan enfermedades crónicas que por disposiciones del gobierno las empresas enviaran a cumplir cuarentena domiciliaria.
