El Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, presentó el lunes en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto una nueva propuesta gubernamental de reforma de pensiones, que no es más que un híbrido de otras propuestas de reformas presentadas con anterioridad: la de los trabajadores, la de la ANEP y AFP y la del Gobierno.
Como ya hemos dicho en otros editoriales, el tema previsional es una “bomba fiscal”, que mantiene en serias dificultades al Gobierno, no solo por el fracaso del modelo privatizado, es decir, su origen, sino porque además enfrenta un boicot financiero en el parlamento, encabezado por ARENA.
Y es que cuando se privatizaron las pensiones, al Gobierno le quedó la responsabilidad de cubrir las pensiones de más de 100 mil pensionados, y sin dejarle ningún mecanismo de financiamiento, o sea, sin cotizaciones. Ante esa realidad, el gobierno, desde el 2000 aproximadamente, tiene que prestar a las AFP para responder a los pensionados, y esos préstamos, el Gobierno los pagó con los impuestos de los salvadoreños o mediante la colocación de bonos, que al final se pagan con los impuestos.
El Ministerio de Hacienda ha revelado que el déficit previsional es de 23 mil 428 millones de dólares; mientras que el déficit previsional con el Sistema de Pensiones Privados (SPP) es de 6 mil 112 millones de dólares, y la cuenta sube cada año, por la sencilla razón que no hay ningún mecanismo de financiamiento, lo que obliga al Estado a buscar una Reforma del Sistema Previsional. Al año, el Gobierno requiere entre 500 a 600 millones para el pago de los pensionados del INPEP y del ISSS.
La nueva reforma plantea entre sus principales objetivos, crear un Sistema de Ahorro Individual y Colectivo de Pensiones para los trabajadores del sector privado, público y municipal.
Además de aumentar la tasa de cotización que sería del 15% del ingreso base de la cotización respectiva, de los cuales el 7.25% se les descontaría al trabajador y 7.75% al empleador. Esta cotización se distribuiría de la siguiente manera: 5.5% se destinará a la cuenta individual y 8.0% irá al fondo colectivo. El 1.5% servirá para el pago del contrato de seguro de invalidez y sobrevivencia y al pago de la comisión de la institución administradora.
De acuerdo con la reforma, quienes administrarían los dos fondos serían las AFP.
En la propuesta gubernamental, el cálculo de la pensión se haría sobre la base de un 13.5% lo que traería más beneficio para el trabajador.
Sin lugar a dudas, en la nueva propuesta está en gran porcentaje la solución del déficit previsional, pues, el Gobierno solo tendría que poner $200 millones al año, aproximadamente, y no los 500 ó 600 que se requieren en este momento.
Tienen la palabra señores diputados. ARENA está en la obligación de solucionar el entuerto creado al privatizar las pensiones, mientras que el resto de las fracciones legislativas enmendar el acompañamiento incorrecto que hicieron a ARENA al votar a favor de la privatización.