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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Con 77 votos, la Asamblea Legislativa aprobó la creación de un Banco Nacional de Datos de ADN (ácido desoxirribonucleico) en cual se sistematizará y almacenará información genética con el objetivo de esclarecer crímenes como violaciones, y poder así dar con los hechores.
Esta ley permitirá crear una base con perfiles genéticos como una herramienta científica para investigar y encontrar a los autores de hechos criminales, por lo que contendrá información confidencial y estará conformado por datos de condenados, imputados, detenidos, evidencias y antecedentes, de víctimas, desaparecidos y sus familiares, entre otros.
Esta ley fue promulgada por la diputada de ARENA, Patricia Valdivieso en el año 2015. “La presenté convencida que esta ley iba a dar justicia a las víctimas de estos delitos”.
“Dicha ley pretende disminuir los niveles de criminalidad y dar una respuesta a los cientos de familias que diariamente llegan a Medicina Legal o a cementerios clandestinos en busca y esperanzados en encontrar a sus seres queridos desaparecidos”, indicó.
Cifras de la Policía Nacional Civil señalan que al día son cincuenta mujeres que sufren violencia sexual; más del 90 % de los delitos por violencia sexual quedan impunes, y la razón principal para no resolver un caso con condena, es la falta de una prueba definitiva. En una violación sexual o ataque con violencia, el agresor deja evidencia irrefutable del delito en el cuerpo de la víctima: semen, sangre, saliva, cabello o cualquier elemento que contenga su ADN, esa es prueba irrefutable de su participación, detalló.
En la actualidad la prueba de ADN se utiliza cuando el juez lo solicita, en alguna etapa del proceso judicial y cuando obviamente hay un procesado por el caso; pero si el agresor es un desconocido por la víctima no hay forma de obtener esa prueba.
Esta entidad será dirigida por un consejo administrador integrado por un delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), un miembro de la División de Policía Técnico-Científica de la Policía Nacional Civil (PNC) y un miembro del Instituto de Medicina Legal (IML).
La ley que fue apoyada por todas las fracciones legislativas, así como por presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce.
“Estamos dotando a las instituciones competentes y encargadas de la investigación del delito de una herramienta técnica-científica que permitirá -esperamos nosotros- combatir la impunidad, ya que a la fecha cuántos crímenes han quedado en la impunidad por la falta de pruebas”, sostuvo Dina Argueta del grupo parlamentario del FMLN.
El Salvador da un paso importante al crear esta nueva ley, ya que se pretenderá que no se acusen a personas inocentes y al mismo tiempo pagaran los verdaderos culpables que cometan actos de violación.
Las violaciones y delitos sexuales han permanecido en la impunidad porque se carecía de un instrumento adecuado, puntualizó Rodrigo Ávila.
Guillermo Gallegos (GANA) dijo que la nueva ley fortalecerá el sistema de justicia en el país, en su mayoría, “el aporte de pruebas se basa en el testimonio, pero en otros países que utilizan pruebas científicas como el ADN, se convierte en una prueba irrefutable”.
La Comisión Ad Hoc para estudiar los expedientes que contienen iniciativas de reforma a los Códigos Penal y Procesal Penal en lo relativo a los delitos contra la libertad sexual y cualquier otra propuesta de ley relacionada con la temática, fue la instancia encargada de estudiar y aprobar la iniciativa; la instancia legislativa fue creada en 14 enero del 2020.
