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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Asamblea Legislativa aprobó en horas de la madrugada de hoy un régimen de excepción por 30 días en el territorio nacional. Los oficialistas afirmaron que este régimen es para darle herramientas al Ejecutivo para combatir a las estructuras delincuenciales que recientemente han causado más de 75 homicidios.
El presidente Nayib Bukele la sancionó esta misma madrugada, y el Diario Oficial también la publicó esta misma mañana.
El régimen de excepción se establece en caso de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de grave perturbación del orden público.
Con la aprobación del régimen de excepción se suspende algunas garantías constitucionales como la libertad de entrar y salir del país. Se suspende también la libertad de reunión, pues la Carta Magna establece que los habitantes tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente, sin armas para cualquier objeto lícito. Se suspende también la recepción o envío de correspondencia.
Se suspende además el derecho a defensa. Pues en la Cn. establece una garantía para que toda persona detenida sea informada de manera inmediata y comprensible de sus derechos y de las razones de su detención.
Se suspende que la detención administrativa no excederá de setenta y dos horas, dentro de las cuales deberá consignarse al detenido a la orden del juez competente, con las diligencias que hubiera practicado, ahora se establece, 15 días. Se suspende también la recepción o envío de correspondencia.
El diputado Guillermo Gallegos, de GANA, comentó que el alza en los homicidios fue efectuado por «actores políticos que están en contra del gobierno», que intentan además, «querer dañar la vida de los salvadoreños y del trabajo del Gobierno».
Walter Coto, de Nuevas Ideas, afirmó que con el régimen de excepción no se afectará la libertad de circulación ni de expresión. Incluso, asegura que los padres «podrán llevar a sus hijos a sus escuelas».
Con el régimen de excepción, dijo, se le dará mayores herramientas a la fuerza pública para combatir la delincuencia.
