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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Con la finalidad de apoyar a todos aquellos negocios que resultaron afectados en sus ingresos por las medidas decretadas por el gobierno a raíz de la pandemia del COVID-19, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Creación del Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas.
La nueva legislación contempla la creación de un fideicomiso de $600 millones destinado al financiamiento de varios programas en favor de empresas que debido a las medidas gubernamentales implementadas para contener la propagación del virus no percibieron ingresos.
De los fondos antes mencionados, $140 millones se utilizarán para financiar subsidios para empleados de las micro, pequeña y mediana empresa registradas en el ISSS como patronos, $360 millones para créditos productivos para empresas y $100 millones para otorgar préstamos a empresarios del sector informal.
“Este fideicomiso busca contribuir a contener los efectos devastadores que ha tenido el manejo de la pandemia en términos económicos, que ha golpeado a micro, pequeñas, medianas empresas y sector informal, es una alternativa para darles liquidez”, dijo Yanci Urbina, diputada del FMLN.
La normativa expone que el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) será el ente encargado de regular y administrar los programas de apoyo financiero dirigidos a las empresas del país.
Accederán a los programas de recuperación económica las empresas inscritas en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), que se encuentren registradas en la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), o posean registro de IVA.
“Es una tarde de esperanza para micro, pequeños y medianos empresarios. Son $600 millones y tendrán hasta un año para pagar la primera cuota, que permite que sus negocios vuelvan o retomen el curso que tenían antes de la pandemia”, sostuvo Guillermo Gallegos, diputado de GANA.
Para establecer garantías de transparencia en el uso de los recursos, la legislación recién aprobada contempla la creación de un comité veedor que se encargará de vigilar que no se cometan arbitrariedades en la asignación de los mismos.
Más tarde, la Asamblea Legislativa aprobó la autorización al gobierno central para suscribir un contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto de hasta $50 millones.
En el mismo sentido, el congreso salvadoreño autorizó al Ejecutivo la suscripción de un contrato de préstamo por un monto de hasta $250 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Durante la sesión de trabajo, los legisladores también aprobaron con 58 votos a favor Disposiciones Transitorias para la prórroga de las funciones de los representantes del Consejo Superior de Salud Pública y las Juntas de Vigilancia.
Los legisladores consideraron que la medida es pertinente ya que las elecciones de representantes ante el Consejo Superior de Salud Pública y las respectivas juntas de vigilancia de la profesión están próximas y es difícil armar las planillas cuando el personal que va a ir está en primera línea en el combate contra la pandemia del COVID-19.
