Yanuario Gómez
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La Asamblea Legislativa, aprobó durante sesión plenaria ordinaria correspondiente a esta semana una enmienda a la Ley de la Carrera Docente en su artículo 36, inciso “d”, para que los maestros pensionados que siguen trabajando en el ministerio de Educación, gocen del beneficio de compensación por retiro voluntario.
Con la reforma más de un mil 500 educadores pensionados, que aún se encuentran laborando en el sistema educativo tendrán la posibilidad de acogerse al beneficio y recibir quince salarios, correspondientes al último salario devengado.
La Asamblea Legislativa tomó el acuerdo por considerar que la ausencia de los catorce directores departamentales, ocasiona que cada administración de las instituciones educativas tome decisiones sin tener una dirección única del MINED.
“Con la aprobación de esta reforma, los maestros y maestras pensionados, podrán gozar de una compensación económica por retiro voluntario. Este día la Asamblea Legislativa da respuesta a esta necesidad”, dijo Milton Garay, diputado del FMLN.
Lo anterior, en algunos casos ocasiona que las instituciones bloqueen el acceso de los educadores al beneficio de compensación económica por retiro voluntario.
Juramentan Presidente del TSC
La Asamblea Legislativa, juramentó durante su sesión plenaria ordinaria correspondiente a esta semana a Oscar López, para el cargo de presidente del Tribunal del Servicio Civil, y Juan López como su suplente.
Los nuevos funcionarios externaron que la actividad más apremiante del Tribunal del Servicio Civil, es conocer los procesos de despido, destitución, sanciones y traslados de empleados públicos, además de la parte administrativa.
“A partir de mañana revisaremos cuantos casos se encuentran pendientes, ya que la entidad pasó un año acéfala y se han emitido resoluciones frágiles, eso es lo que vamos a estudiar para ver que encontramos”, dijo Oscar López, presidente del Tribunal.
El Tribunal del Servicio Civil, está compuesto por tres integrantes nombrados por cada uno de los órganos del Estado, quienes se encargan de dirimir los conflictos laborales entre el Estado y los empleados públicos.
Uno de los primeros casos en que este tribunal tendrá que intervenir es la cesación de más de 700 empleados, resultante de la decisión del Presidente de la República Nayib Bukele, de suprimir las secretarías de Inclusión Social, Transparencia, Gobernabilidad, Vulnerabilidad y Técnica de la Presidencia.