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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Durante la sesión plenaria ordinaria, correspondiente a esta semana, los diputados aprobaron iniciativas encaminadas a resolver algunos de los temas más importantes para el país.
En primera instancia, se atendió el problema latente del impago, en el que habría incurrido El Salvador si no se honraban los compromisos adquiridos con el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) correspondiente al mes de julio.
La solución planteada por el gobierno para completar la cantidad necesaria para abonar a la deuda, fue una emisión de títulos valores con valor de $28.7 millones que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) trasladaría al Ministerio de Hacienda, como parte de la deuda de ochenta millones de dólares que adeuda al Estado.
Estos títulos forman parte de un paquete que ANDA no pudo vender en la bolsa de valores y que otorgaría al gobierno como abono, para que este los comercialice y pueda así añadir su valor a los $33 millones reorientados, de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), en la sesión plenaria de la semana pasada.
La iniciativa fue aprobada con 53 votos por parte de los diputados, con ello se pagarán las letras correspondientes a los FOP y pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA). Los diputados del FMLN agradecieron el apoyo de las demás fracciones legislativas a la iniciativa gubernamental.
“En primer lugar quiero celebrar que hayamos hecho esta reforma con la cual se pagarán obligaciones correspondientes a pago del FOP e IPSFA, y felicitar al gobierno que ha logrado un mecanismo financiero eficiente para realizar estos pagos. Yo creo que el Gobierno ha sido muy responsable a pesar de la crisis fiscal que hay”, dijo Lorena Peña, diputada del FMLN.
Al respecto, Rodolfo Parker del PDC añadió que “lo que rescatamos es que hemos trabajado juntos esta tarde para lograr factibilidad al pago del fideicomiso de forma oportuna y esto es lo positivo que hay que rescatar”.
Los diputados, además coincidieron en que es necesaria la aprobación de una reforma de pensiones que garantice el goce de estas, por parte de los trabajadores luego de su retiro, y también alivie la carga fiscal que significa para el gobierno seguir honrando la deuda del FOP, adquirida durante años.
En otro tema, la Asamblea Legislativa también aprobó con 65 votos, una normativa que contiene disposiciones especiales de seguridad para tratar a salvadoreños deportados que tengan relación con pandillas. Esta ley permitirá al país hacer frente a los posibles peligros en materia de seguridad que representa el aumento de deportaciones, anunciado por el Gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump.
Entre las acciones que se autorizan con la aprobación de esta iniciativa están, un registro de los repatriados que tengan vínculos con pandillas o maras, en el cual se tendrá información referente a la dirección de vivienda tanto del deportado como de sus familiares en el país, lugar de trabajo, además de la obligación de acudir a firmar diariamente a la estación de la Policía Nacional Civil mas cercana a su domicilio y la prohibición de salir del país, entre otras cosas.
“Estas disposiciones van a sumarse al esfuerzo que todo un país realiza, de resultados positivos, en disminución de la violencia mediante el Plan El Salvador Seguro, algunos de estos pueden verse amenazados a partir de la posibilidad de que el Gobierno de Estados Unidos pueda hacer realidad su intención de deportaciones masivas de pandilleros a nuestro país”, dijo Misael Mejía, del FMLN.
El diputado además agregó que el país se está poniendo a la vanguardia en Centroamérica, preparando condiciones para que desde el Estado se brinde una respuesta de control e internamiento a aquellos pandilleros deportados, que por ahora sin estas disposiciones, no se tiene la fuerza legal para tomar decisiones firmes.
Mejía también razonó que es importante que iniciativas como esta se vean apoyadas por reformas que refuercen el combate a las extorsiones en el país y la ratificación de préstamos como el de $100 millones, recursos que permitirán la instalación de un laboratorio científico para la PNC, renovación de unidades y construcción de estaciones policiales.
Salud y Migración
En la misma jornada legislativa, se aprobó la Ley de Salud mental propuesta desde enero de este año por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), la normativa se aprobó con 66 votos, su novedad radica en el enfoque especial en atender a personas que necesitan atención especializada.
Según los legisladores, esta normativa viene a complementar la Política Nacional de Salud y enlaza con la Ley de derechos y deberes de los pacientes y prestadores de salud, además de ser congruente con las recomendaciones que organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han hecho a los gobiernos, para legislar en materia de salud mental.
El Salvador se suma ahora a los países que cuentan con una ley de este tipo, según la OMS. En materia de salud mental existe un cuarenta por ciento de países que no tienen una política de este tipo y un 33 por ciento no tienen programas de salud mental. El enfoque de la presente es privilegiar la prevención y promoción sin desatender la atención en el establecimiento de salud y la rehabilitación, basada fundamentalmente en el respeto a los derechos humanos y enfocándose en la familia, comunidad, escuela, sistema Nacional de Salud, empresa privada y todos los ámbitos de la sociedad.
Esta normativa protegerá a los grupos más vulnerables a padecimientos mentales cómo niños, mujeres y personas con discapacidad que son objeto de abuso, y personas en alto riesgo de cometer suicidio por padecimientos como la esquizofrenia, depresión o dependencia del alcohol.
Asimismo, en materia de migración se aprobó una extensión a la vigencia del pasaporte para que este tenga una duración de seis años y no de cinco como hasta hoy, esto para equiparar el aumento de precio que experimentará el documento.
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