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Redacción Nacionales
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La Asamblea Legislativa aprobó este viernes en la sesión plenaria la “Ley Anticorrupción” propuesta por el Ejecutivo, con el presunto fin de “prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción en el ejercicio de la función pública”.
La ley se aplicará a empleados y servidores públicos, agentes de autoridad de cualquier órgano de Gobierno y para esto se creará el Sistema Nacional Integrado Anticorrupción para hacer labores de regularización y verificación del patrimonio.
Entre los puntos más relevantes del decreto aprobado está la obligación de presentar, todos los años, una declaración patrimonial junto con su declaración anual de renta por parte de los servidores públicos y a sus familiares. Dicha declaración será publicada y accesible para cualquier ciudadano que desee consultar este tipo de documentos, por ende, serán de carácter público.
Los oficialistas consideraron que la Ley Anticorrupción “elevará el perfil de los funcionarios actuales y los que vengan”, ya que deben rendir informe de sus activos y pasivos. El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, sostuvo que la Ley Anticorrupción alcanzaría a quienes se han ido del país señalados de irregularidades, tomando en cuenta que la ley es retrospectiva.
Además, desde las auditorías se establecería un mandato anticorrupción para la Corte de Cuentas de la República (CCR), con vínculo directo con la Fiscalía General de la República (FGR). Se creará un Centro Nacional Anticorrupción, para realizar labores de inteligencia con tecnología avanzada dentro de la FGR y este instituto contará con ventanillas de denuncia anticorrupción para fomentar la participación activa de la ciudadanía.
La diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro, planteó que la ley surge a partir de un acuerdo que tuvo por parte del Gobierno y el Fondo Monetario Internacional por $1000 millones, “y parte de ese acuerdo, se le pedía al gobierno: Gobernanza, transparencia fiscal y el tema de contrataciones, entre otros”.
El Gobierno salvadoreño busca un financiamiento por $1,300 millones con el FMI, pero este le ha pedido una serie de garantías que ahora el Gobierno está reparando como el bitcoin, que dejó de ser obligatorio.
Sobre la ley en cuestión, la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, sostuvo que, “todos los esfuerzos de lucha contra la corrupción son importantes y necesarios”, pero, también, se debe levantar la reserva de información que existe en la mayoría de las instituciones públicas.
“Levantemos también la reserva de información de cosas que no deberían tener, como el tema del fondo de pensiones, los datos sobre contratos de la pandemia, y tanta información que es impensable”.
