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Samuel Amaya
@Samuel Amaya98
La Asamblea Legislativa amplió por 30 días más el régimen de excepción, con ello, se busca según el oficialismo y el Ejecutivo “seguir combatiendo a la delincuencia”; pero la medida a su paso ha generado violaciones a derechos humanos, tales como detenciones arbitrarias, vincular a jóvenes con estructuras delincuenciales e incluso la muerte de víctimas detenidas por negligencia estatal.
Sobre las violaciones en régimen de excepción, los funcionarios de Gobierno guardan silencio y desarrollan su discurso en que la medida sigue siendo necesaria. “Las condiciones para seguir combatiendo a las pandillas se mantendrán. Este es un cáncer que no se radica rápido”, dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al momento de la presentación de la iniciativa.
Hasta la fecha, las fuerzas de seguridad cuentan más de 35 mil detenidos en el contexto del régimen de excepción, de los cuales, cerca de 26 mil personas ya están en detención provisional.
“Nunca, en 30 años, se había combatido a las pandillas con acciones contundentes. Quienes se oponen al régimen, se oponen a la seguridad del pueblo. Este Gabinete hará todo lo necesario para erradicar a estas estructuras criminales”, destacó Villatoro.
En dos meses de régimen de excepción, las autoridades han incautado 671 armas, han decomisado 823 vehículos a las pandillas, 7,733 celulares y alrededor de $1.2 millones en efectivo.
Hoy por hoy, el régimen de excepción también ha sido una de las principales herramientas para denunciar a personas vinculadas a pandillas, pero también a aquellos que no tienen vínculos con estas estructuras, tal como la familia Galeas que, por medio de una denuncia anónima a través de Twitter, la PNC capturó a tres de sus miembros. Uno de ellos fue asesinado dentro del Centro Penal La Esperanza.
Las denuncias en Twitter sobran, incluso, personeros del Gobierno la han promovido; por ejemplo, Walter Araujo, colocó una denuncia, en la que afirmaban que en el Centro de Arte para la Paz se reunían familiares de pandilleros para supuestamente recibir instrucciones sobre cómo desarrollar marchas en contra del Gobierno.
Esta información fue negada por el Centro de Arte, quien aseguró que “en ningún momento se han realizado reuniones de las características señaladas”. Por el contrario, “nuestro centro tiene una relación estrecha con la administración municipal y la Subdelegación de la PNC del municipio quienes podrán desmentir esta acusación”, dijo la organización. Esta y algunas otras situaciones “de abusos” como las detenciones arbitrarias hicieron que los diputados de oposición no dieran sus votos. Además, aseguraron que el régimen de excepción no resuelve de raíz el problema de seguridad.
