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Redacción Nacionales
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La Asamblea Legislativa aprobó, con 67 votos, las Disposiciones Transitorias Especiales para el Procesamiento de Imputados Detenidos en el marco del régimen de Excepción. Estas disposiciones buscan someter a los acusados a un solo procedimiento penal, de forma colectiva, por su pertenencia a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita.
El diputado por Nuevas Ideas y miembro de la Comisión de Seguridad, Dennis Salinas, dijo que dichas disposiciones transitorias permitirán que las autoridades de seguridad puedan relacionar a los pandilleros con las “clicas” a las que pertenecen, con el propósito de poderlos procesar. “Esto permitirá a la FGR y los juzgados poder procesar con mayor facilidad a los delincuentes, ya que son más de 71 mil capturados los que van hasta la fecha”. Aunque, según la Constitución las leyes que no beneficien a los capturados no son retroactivas.
El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa, el 27 de marzo de 2022, tras un repunte en los homicidios. Hasta la fecha van 71,976 presuntos pandilleros capturados, pero entre ellos, miles de personas son inocentes, miles de jóvenes que nada tienen que ver con las pandillas.
Con estas disposiciones se faculta a la Fiscalía General de la República para que lleve a cabo un procedimiento transicional con el objeto de agrupar por estructura a imputados en procesos en instrucción en diferentes tribunales, cuando se considere que los detenidos pertenecen a una misma estructura criminal, a efecto de determinar la sede judicial que conocerá del proceso.
En ese contexto, para el sometimiento de imputados a una sola causa en virtud de su pertenencia a la organización, se tendrán en cuenta cualquiera de los siguientes criterios: estructura, denominación, funcionamiento, territorio u otros que resulten aplicables a criterio del fiscal y de acuerdo con los elementos indiciarios con que se cuente para ello.
El decreto aprobado señala que conforme la solicitud del fiscal, el juez continuará con el conocimiento o remitirá la causa al tribunal correspondiente que tramitará el proceso en contra de los imputados, en razón de su pertenencia a una misma estructura criminal. Recibido el expediente, el juez informará a las autoridades correspondientes la puesta a su orden de los imputados para su procesamiento.
Asimismo, emplazará en el término de diez días hábiles, a la defensa técnica de los imputados, para que en el plazo de quince días hábiles se pronuncien sobre los elementos y diligencias que consideren necesarias sean incorporadas al proceso.
Para ejecutar ese procedimiento, la FGR cuenta con un plazo que no excederá de veinticuatro meses, contados a partir de la vigencia de las disposiciones transitorias especiales. En el caso de no cumplirse con ese procedimiento en el plazo dispuesto para ello o si el fiscal no se pronuncia respecto a la determinación de la agrupación ilícita a la que pertenece el imputado, el juez sin más trámite dictará sobreseimiento definitivo y dejará sin efecto cualquier medida cautelar.
