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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Asamblea Legislativa aprobó en la sesión plenaria de este martes la reforma al sistema de pensiones, con la que se incrementará la pensión en un 30%; sin embargo, se aprueba luego de una lluvia de críticas por diferentes sectores, entre ellos de la clase trabajadora, ya que parte de ella no fue tomada en cuenta para su discusión.
La presidenta de la Comisión Ad Hoc que estudió el tema de las pensiones, Suecy Callejas, dijo que una vez aprobada la ley “todos” verán reflejado un incremento del 30% en las pensiones. Para la parlamentaria es “histórico”, ya que según ella “nunca” en los 26 años desde que la administración del sistema de pensiones se privatizó se habían incrementado, y por el contrario “se disminuían”.
Callejas indicó que “priorizaron” el escuchar a los trabajadores sobre el sistema de pensiones “y sus recomendaciones puntuales” en el proceso de consulta “que ha sido público e inclusivo”; sin embargo, dichas declaraciones contrastan con la actividad de la comisión pues se escucharon sindicatos afines al oficialismo, más no a sindicatos que en algún momento cuestionaron el trabajo del Ejecutivo o que no estaban en la misma tónica de las autoridades estatales, ya que muchos de los sindicatos catalogaron la reforma como “populista”. Tampoco escucharon a los expertos.
A pesar de lo anterior, Callejas aseguró que “los objetivos principales de la ley es asegurar el retiro digno para todos los trabajadores, regular y supervisar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y, sobre todo, prohibir al Estado financiar la deuda pública con el ahorro de los trabajadores”.
Algunos de los elementos que destacó la parlamentaria es que la pensión mínima subirá de $304 a $400; también, las llamadas pensiones VIP “dejarán de existir”, tendrán un techo de $3,000. Además, se elimina la posibilidad del cotizante en pedir el anticipo de saldo, ya que “vuelve insostenible al sistema” y los que lo hicieron, existirán dos opciones: la primera, es que no lo devuelvan y ese 25% que retiraron se descontará del incremento del 30%, es decir, solo tendrá un incremento del 5%. La segunda, es que se podrá hacer la devolución del saldo más la rentabilidad no percibida en efectivo.
Respecto a la edad para jubilarse se mantienen, 55 años para el caso de las mujeres y 60 hombres. Se creará el Instituto Salvadoreño de Pensiones que sustituirá al INPEP y deroga el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP).
Sobre la celeridad, de los parlamentarios en dictaminar, se apoyaron en que la población, “les da el respaldo”, además esperan que la entrada en vigor sea a partir de enero 2023, es decir, en tan solo 11 días.
En la instancia Legislativa tampoco hubo participación de las AFP, “si nosotros queremos de verdad que las cosas cambien, tenemos que hacer todo lo que los mismos de siempre no hacían (…) nosotros quisimos no llamar a las AFPs porque al final estas son administradoras de pensiones que deben estar supremamente reguladas por el Estado y no trabajar como ellas lo decidan”, concluyó Callejas.
La diputada por VAMOS, Claudia Ortiz, sostuvo que se aprobó una ley de pensiones que “que ya venía hecha”. La opositora consideró que durante el proceso en el que se invitó a los sindicatos a dar su opinión y recomendaciones, estas no fueron tomadas en cuenta a pesar de que eran afines al Gobierno. Algunas de las propuestas de los sindicatos fue que se le bajara la comisión a las AFPs, o que se le diera la opción a la población de poder retirar su anticipo de saldo; ambas no fueron tomadas en cuenta. Las AFP tendrán 1% de comisión, lo que signfica que se le incrementa en casi un 10%.
“La propuesta de pensiones se anunció en septiembre de 2021 y a partir de allí parece que hubo consultas y conversaciones a puerta cerrada. ¿Por qué durante meses hubo un hermetismo tan grande que no hubo suficiente proyección a la ciudadanía de lo que se estaba discutiendo?, ¿a quienes sí escucharon durante meses?, ¿a las AFPs?, que ahorita están calladitas, ¿a quienes sí escucharon para luego hacer en la Asamblea una pantomima de que escuchaban al pueblo durante unas horas”, destacó Ortiz.
En otra reacción sobre el tema de pensiones, el abogado constitucionalista, Enrique Anaya, sostuvo que el motivo real de la reforma al sistema de pensiones es que el Gobierno pretende utilizar los ahorros previsionales, por ello, elimina el derecho a retiro de anticipo del 25%.
Pretende, además, no pagar la deuda existente, los casi $8 mil millones que el GOES debe a los trabajadores, “en lugar de amortizar a capital, el `nuevo` ISP emitirá -en sustitución de los CIPs- un nuevo certificado (CFT), cuyas características oculta el GOES, en perjuicio de los trabajadores”, con lo anterior, “se esconde la deuda”, ya que ahora la deuda previsional aparecerá a cargo del ISP (institución autónoma). “El GOES dirá que ya no debe nada de los $8 mil millones, que no es deuda soberana y, por ello, su perfil crediticio ha mejorado: a ver si entidades internacionales de crédito y analistas de riesgo se tragan semejante farsa; pero, el riesgo es que GOES no pague a los trabajadores”.
