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Samuel Amaya
@SamuelAmaya
La Asamblea Legislativa aprobó este martes la trigésima segunda prórroga del régimen de excepción, medida que ha detenido a más de 80 mil presuntos pandilleros, pero entre ellos a miles de personas que nada tienen que ver con pandillas, y que el gobierno lo normalizan al señalar que son “daños colaterales”.
El oficialismo señala que aprueba la medida para “combatir a las pandillas, reducir delitos y proteger a la población”, pero en la práctica también sucede lo contrario, pues muchos agentes policiales o militares abusan de su poder para cometer violaciones a derechos humanos de personas sin vinculaciones con estructuras criminales.
El régimen de excepción ha sido la herramienta con la cual, más de 300 personas han muerto dentro de los centros penales, la mayoría de ellos sin pertenecer a pandillas y ser inocentes, así lo documentan las organizaciones defensoras de derechos humanos que han pedido en más de una ocasión derogar el régimen de excepción.
El presidente inconstitucional de El Salvador, Nayib Bukele, que ha pedido a la Asamblea el régimen de excepción desde el 27 de marzo de 2022, ha defendido la medida, afirmando que es necesaria para garantizar la seguridad de los ciudadanos y restaurar el orden en el país.
La población se encuentra dividida en su opinión sobre el régimen de excepción. Mientras algunos ciudadanos apoyan cualquier medida que pueda reducir la violencia, otros temen que esta medida pueda ser utilizada para reprimir la oposición política, limitar las libertades civiles y la violación a derechos humanos.
La aprobación de la prórroga sucede en el mismo día en que el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), y diferentes colectivos y comunidades del país se presentaron a la Asamblea para entregar un escrito donde solicitan derogar toda normativa legal que limite el régimen de visitas para las personas inocentes privadas de libertad. Este colectivo fue recibido con un pelotón de agentes de la UMO y una barricada en el portón sur del recinto legislativo.
El régimen de excepción permite al gobierno tomar medidas extraordinarias, como la detención de “sospechosos” sin orden judicial y la restricción de ciertos derechos civiles, con el objetivo de combatir el crimen organizado y la delincuencia común. A la fecha, se han detenido a más de 80 mil presuntos pandilleros.
Las autoridades oficialistas señalan que aprobarán todas las solicitudes de regímenes que mande el Gobierno hasta que el último pandillero esté tras las rejas.
