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Redacción Nacionales
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El Ejecutivo aún no manda a la Asamblea Legislativa las reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones a pesar de que en septiembre del año pasado, el mandatario, Nayib Bukele, anunció que lo haría. Según el presidente del congreso, Ernesto Castro, la propuesta está lista y en próximas fechas se enviaría al recinto para su estudio y aprobación.
Según Castro, el Ejecutivo última detalles para mandarla al congreso, en esta instancia se crearía una comisión especial para darle trámite. “Nosotros al recibir la iniciativa de manera formal vamos a formar una comisión especial para eso tal como se hizo con la comisión del agua en donde vamos a llamar a todos los sectores”.
Si bien, en la Comisión Ad Hoc para el estudio de la Ley de Recursos Hídricos se llamaron a diferentes sectores de la sociedad, incluidas las organizaciones defensoras del agua, no se tomaron en cuenta las peticiones fundamentales que por años habían exigido, tal como reconocer y exonerar del cobro del canon (impuesto) a las juntas de agua.
Con las reformas a Ley SAP, se podría generar una situación similar, se podrían mandar a llamar a los sectores involucrados, pero no se garantiza que las demandas que exigen les sean plasmadas en la ley.
Sobre este punto, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, comentó que se debe hacer justicia a los trabajadores. “Debe haber una ley de pensiones justa que verdaderamente defienda los derechos de los trabajadores, que garantice que el dinero de los trabajadores sea para ellos y no permita favorecer a terceros, ya sean las administradoras o el gobierno mismo. Un sistema previsional que garantice una pensión digna a todos los trabajadores”.
En otro punto, el presidente Castro se refirió sobre la elección del nuevo titular de la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH); señaló que está abierto el periodo de inscripción para que los postulantes puedan inscribirse. “En la última plenaria hicimos la convocatoria para que los interesados presenten sus atestados, a fin de que la ciudadanía conozca quiénes son los candidatos”.
Fuerzas de la oposición creen que el futuro procurador de los Derechos Humanos estará al servicio del Ejecutivo, como todas las instituciones de Gobierno, hasta la fecha.
