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Alessia Genoves
@DiarioCoLatino
Colaboradora
La veintiún prórroga del régimen de excepción de garantías constitucionales fue aprobada esta noche por la Asamblea Legislativa. La política de seguridad fue aprobada con 66 votos esta, la que busca reducir el impacto delictivo de maras y pandillas.
Hasta la fecha las autoridades afirman haber detención de 74,000 salvadoreños, acusados de cometer los delitos de agrupaciones ilícitas, homicidios y otros relacionados con maras y pandillas. Sin embargo, el Gobierno reconoce la ex-carcelación de casi 8,000 inocentes, algunos sometidos de forma arbitraria.
La política de seguridad suspende los derechos de agrupación (art. 7), la no intervención de la correspondencia (art. 24) y la detención administrativa en un plazo de 72 horas (art. 13 inc. 2), que se prolonga a los 15 días que establece el Decreto No. 333, vigente desde en marzo de 2022.
Los diputados oficialistas justifican su prolongación, por la permanencia activa de “población de terroristas aún en libertad y demás condiciones sociales”. Pero, en ese contexto, han reportado 6,250 denuncias por hechos arbitrarios, en contra del Estado.
Hasta el mes de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) ha reconocido un total de 110 homicidios registrado, de los que un tercio (39 casos) corresponde a la intolerancia familiar. Otros 31 casos corresponden a la intolerancia social y otros 40 a la delincuencia general. La cifra total representaría una reducción del 75.2% de los casos, respecto a los 445 reportados en la misma fecha del año pasado.
Sin embargo, la prensa nacional ha reportado varios hechos de sangre que no figuran en las estadísticas. Por ejemplo, Diario Co Latino reportó el feminicidio de una joven en presunto estado de gestación, el pasado 3 de diciembre en Chalatenango, cuando el Estado celebró la noticia de los 500 días sin homicidios, en el gobierno del presidente Nayib Bukele. Por si fuera poco, organizaciones como el Socorro Jurídico “María Julia Hernández” y Amnistía Internacional confirman la muerte de 190 personas en cárcel con la custodia del Estado, durante el Régimen, y sin recibir justicia.
