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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Organizaciones e instituciones aglutinadas en la Mesa contra la Impunidad, el Grupo Gestor por una Ley Integral de Reparación y la Comisión de Trabajo Pro-Memoria Histórica externaron su preocupación ante la ausencia de consulta a las víctimas del conflicto civil armado para la confección de una Ley de Reconciliación Nacional.
Representantes de las organizaciones subrayaron que la Asamblea Legislativa estaría apresurando las discusiones sobre la formulación de la ley, a fin de aprobarla antes del 16 de enero, en el marco del vigésimo octavo aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, y sostuvieron que el plazo otorgado por la Sala de lo Constitucional, hasta el 28 de febrero de 2020, debería ser aprovechado para hacer los debidos procesos de consulta.
Además, dijeron que, en lugar de agilizar la aprobación de una ley inconsulta, los diputados deberían establecer un plan que agilice la recolección de las opiniones de víctimas, organizaciones de derechos humanos e instituciones públicas pertinentes. Denunciaron que solicitaron una audiencia a la comisión Política y, hasta la fecha, no han obtenido respuesta y que también la Asamblea Legislativa no se ha pronunciado sobre el ofrecimiento de apoyo técnico que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) le hicieran para la formulación de la ley.
“Estamos denunciando la amenaza que hay de promulgar una nueva amnistía, nos preocupa el manoseo político a nuestra ley que debe procurar la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, hemos pedido que se nos escuche”, expresó Rafael Segura, sobreviviente del conflicto.
David Morales, representante de Cristosal señaló que no parece haber un esfuerzo serio de parte del Estado para investigar; “pueden tenerse pocos recursos y tenerse un equipo pequeño, pero tres años sin judicializar un solo caso, sin concluir una sola investigación, indica una ausencia de seriedad; el sistema penal no lo resolverá todo, pero es importante que ocurran algunos casos ilustrativos, de ambos bandos”, opinó.
Morales consideró que con la falta de diligencia se están tolerando y legitimando los crímenes de lesa humanidad suscitados en la guerra civil, y que la Asamblea Legislativa está más ocupada en incluir disposiciones que aseguren la impunidad de los victimarios, antes que la reparación de las víctimas. “Si no hay siquiera unos pocos casos ejemplarizantes con los recursos disponibles, lo que tenemos es un Estado que legitima los crímenes más atroces”, añadió.
