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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Asamblea Legislativa ha actuado con hermetismo sobre el anteproyecto de Ley de Educación Superior que el Ministerio de Educación presentó hace más de un mes. Dicha propuesta busca establecer nuevas condiciones y exigencias en el campo de la educación superior. Aunque ha trascendido que el ministerio retiró la ley porque “está mal hecha y no responde a la realidad del país”.
La Gerencia de Operaciones Legislativas recibió la propuesta el pasado 13 de mayo, dos días después, el pleno la mandó a la nueva comisión de niñez e integración social. Hasta el momento, los diputados no han dado señales sobre la discusión o qué harán con el proyecto de ley.
La postura de diversos colectivos de la universidad es que con ese proyecto de ley se pone en riesgo la autonomía de la única universidad pública del país, la cual cuenta con una población de más de 60,000 estudiantes universitarios. La Constitución de la República señala que los estudios universitarios se regirán a través de la Ley de Educación. El artículo 25 de la ley vigente garantiza la autonomía docente, administrativa y económica de la UES.
Sobre la autonomía en materia económica, el proyecto de ley dice que la asignación presupuestaria estará sujeta a la disponibilidad de recursos del Estado. Eso pone en riesgo el funcionamiento institucional y el desarrollo de proyectos de infraestructura, investigación y docencia. Además, el Gobierno ya le adeuda a la UES más de $51 millones; y que aún no tiene claridad cuando podría desembolsar estos fondos.
En el plano académico, el anteproyecto de ley señala que los programas de estudio deberán ser autorizados únicamente por el Ministerio de Educación, lo que implica una vulneración a la autonomía universitaria debido a la intromisión del Estado.
La ley requiere que los docentes obtengan el grado inmediato superior al programa en que se desempeña, eso podría limitar la disponibilidad de docentes calificados. Ni tampoco queda claro cómo se comprobará la experiencia profesional relevante, según la postura de estudiantes.
El proyecto también incluye el dominio de un segundo idioma a nivel intermedio para la graduación aplicable en dos años. Las autoridades de la casa de estudios consideran que sin una política pública que fomente la enseñanza de un segundo idioma desde la educación inicial, esto podría afectar a la graduación de muchos estudiantes.
Los puntos anteriores son los principales que han generado preocupación a la comunidad universitaria, por ello, los universitarios solicitaron que se generen espacios de análisis, diálogo y debate transparente para hacer un estudio jurídico, preciso al respecto de los requisitos constitucionales presentados en el nuevo proyecto de ley.
También solicitan mantener el acceso a la educación pública gratuita, mantener el respeto a la autonomía universitaria y que se le continúe otorgando a la UES el presupuesto acorde a lo plasmado en el presupuesto general de la nación.
En una entrevista para Radio YSKL, la vicerrectora académica de la UES, Evelyn Farfán, informó que “extraoficialmente” se ha conocido que el MINED ha retirado el proyecto de ley de la Asamblea.
“Pero digo extraoficialmente: nosotros no tenemos, hoy por hoy, una confirmación oficial que diga que sí se ha retirado y cuál es el motivo del retiro, o si el proyecto se va a valorar nuevamente, si se va a someter a discusión”. Otra fuente consultada por Diario Co Latino, que habló bajo el anonimato, dijo que el ministerio retiró la ley porque “está mal hecha y no responde a la realidad del país”.
