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Santiago / AFP
Paulina Abramovich
La realización de una Asamblea Constituyente en Chile para reemplazar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet se consolida como la gran apuesta de la oposición y grupos sociales para descomprimir la crisis en Chile, donde continúan los saqueos, incendios y enfrentamientos tras casi un mes del estallido.
Al cabo de una de las jornadas más violentas desde el inicio de las protestas el 18 de octubre, la noche del martes, el presidente Sebastián Piñera ratificó su propuesta para cambiar la Constitución que se ha mantenido en 30 años de democracia, en los que ningún proyectó prosperó para reemplazarla.
En un mensaje en el palacio de gobierno ampliamente esperado por la ciudadanía, el mandatario aseguró que el cambio se haría dentro del marco de la «institucionalidad democrática, pero con una clara y efectiva participación ciudadana, y con un plebiscito ratificatorio».
Pero no mencionó la realización de una «Asamblea Constituyente», como pide la oposición y agrupaciones gremiales. Incluso, esa opción había sido descartada en la víspera por la vocera oficial, Karla Rubilar. La propuesta del gobierno es un «Congreso Constituyente».
Esa opción «se aleja de la demanda popular por participación y deliberación», dijeron en una declaración 14 partidos de la oposición, entre ellos el Partido Socialista, el Comunista, Radical y la Democracia Cristiana, además de la izquierda radical agrupada en el Frente Amplio.
La llamada «Mesa Social», que reúne a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), gremios de la salud pública y empleados fiscales, y que el martes llamó a una huelga general acatada parcialmente, le dio un «ultimátum» al gobierno, con una amenaza de paro indefinido si no acepta convocar a una Asamblea Constituyente.
«El camino para llegar a esta paz social solo se construye si se escuchan las demandas de las mayorías y eso es Asamblea Constituyente», dijo el martes la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa.
– Partidarios del gobierno, divididos –
Si bien constituye una concesión impensada hasta hace pocas semanas, la propuesta de Piñera de convocar a un «Congreso Constituyente» tampoco lograba consenso en su coalición política.
El expartido del mandatario, Renovación Nacional, apoya un «itinerario constitucional que deje conforme a todos», y pide «flexibilizar posiciones».
Pero la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido más grande de la coalición, afirmó que no estaba disponible a «negociar» mientras no ceda la violencia.
Aprobada en 1980, en un cuestionado plebiscito, la Constitución fue considerada un traje a la medida para que el régimen de Pinochet y los sectores conservadores pudieran mantener su poder, incluso más allá del fin de la dictadura en 1990. Hoy es señalada como el origen de las inequidades y la distancia de la clase política con la sociedad.
Su ideólogo, Jaime Guzmán, asesinado por un comando de izquierda en 1991, instauró quorums altísimos para cualquier modificación de fondo de la carta magna. Además, previó una serie de «enclaves autoritarios», como senadores designados y la imposibilidad de remover a los jefes de las fuerzas armadas, que recién en 2005 fueron eliminados de la carta fundamental tras un gran acuerdo político.
El último intento por reemplazarla tuvo lugar durante el último gobierno de la socialista Michelle Bachelet (2014-2018), pero no prosperó.
– Uno de los días más violentos –
Piñera, que no volvió a sacar a los militares a las calles, dio su mensaje en medio de una de las jornadas más violentas en casi un mes de protestas, que se inició con barricadas en varios puntos de Santiago y terminó con incendios, saqueos y fuertes choques con la policía en el centro de la capital chilena y varias ciudades del país.
Un balance policial del miércoles, entregado por el general de la policía Enrique Monras, arroja 340 policías heridos en enfrentamientos y 146 manifestantes.
Un civil falleció, además, en la cuidad de Calama (norte) «producto de un accidente de tránsito en una manifestación», lo que elevó a 21 la cifra de fallecidos en este estallido social.
Hubo 209 detenidos en Santiago y 640 en otras regiones, mientras que 95 locales comerciales fueron saqueados en el país.
