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Redacción Nacionales
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La Asamblea Legislativa desaforó al diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Alberto Romero, ya que la Fiscalía General de la República lo acusa de presunto enriquecimiento ilícito y de lavado de dinero y activos.
En el proceso de antejuicio en la instancia legislativa, se citaron a Ana Lourdes de Romero y Lourdes Gabriela Romero de Marroquín, esposa e hija, respectivamente, del diputado de ARENA Alberto Romero, pero partieron hacia Guatemala el mismo día en el que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Asamblea Legislativa que a él se le retirara el fuero constitucional, para procesarlo penalmente.
La Dirección General de Migración y Extranjería y de la PNC informaron que la esposa e hija del parlamentario salieron de El Salvador rumbo a Guatemala la tarde del pasado 23 de agosto, por la frontera de Anguiatú, en Santa Ana. Desde ese mismo día, el representante del departamento de Cuscatlán permanece retenido en las oficinas de ARENA, en la Asamblea Legislativa, por supuesta “resistencia agresiva e insultar a unos agentes policiales”.
En el desarrollo de la sesión plenaria especial, la fiscal del caso, Marcela Villatoro, explicó que los hallazgos encontrados al parlamentario de ARENA, por la Unidad Especializada de Investigación contra el Lavado de Activos fueron irregularidades en la declaración patrimonial, es decir, se identificaron depósitos bancarios en efectivo a sus cuentas de ahorro, pagos en efectivo de créditos y más de 28 cuentas que no pueden ser investigadas porque tenía fuero.
Con relación a su esposa, Ana de Romero, se dijo que empleados de ARENA depositaron en efectivo a sus cuentas más de $52,000. Además, presenta movimientos bancarios por más de $260,000, supuestamente sin justificar su origen.
Giovanny Saldaña, el otro fiscal del caso, puntualizó que como fiscales concluyen que los montos de dinero manejados presentan amplia liquidez para realizar operaciones de abono en diferentes cuentas, por un total de $901,993.81, cantidad de la cual se identifican $5,168.61 de remuneraciones netas percibidas en calidad de diputado propietario entre 2011 y 2022. Conforme a los montos anteriores, se establece la cantidad de $401,835 de fondos movilizados de origen desconocido.
El proceso civil contra Alberto Romero inició luego de que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detectara irregularidades en su patrimonio. El pasado 14 de agosto, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque lo declaró responsable de enriquecimiento ilícito.
A Romero se le ordenó devolver al Estado $445,766.05 y se le inhabilitó para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 10 años. La Fiscalía continuó con las investigaciones y detectó, presuntamente, más de una veintena de inconsistencias en el patrimonio del diputado: entre 2011 y 2022, según la institución, el arenero obtuvo ingresos mayores a $1,162.388.00 sin que él lograra justificarlos.
Ahora el caso pasará a la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro de San Salvador.
