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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, externó que este órgano de Estado continuará el estudio del anteproyecto de Ley Especial para la Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, entrando así en desacato de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó al congreso suspender el proceso.
El diputado presidente, externó que el congreso no puede renunciar a su función constitucional de legislar en esta materia. Quijano, asimismo, expuso que continuarán el estudio respetando garantías, víctimas, procedimientos de técnica legislativa y la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Mi respuesta en concreto es que vamos a seguir escuchando a las partes involucradas, tratando de que el producto de este amplio consenso rinda el mejor resultado, sabedores de que en esta materia es imposible pensar que dejaremos satisfechas a todas las partes”, dijo el parlamentario.
Quijano, afirmó que la resolución de la CIDH allana la soberanía nacional ya que si bien El Salvador es suscriptor de convenios y tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, la Constitución prevalece sobre estos acuerdos.
Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, dijo que: “la Corte lo hace como mecanismo de seguimiento de la sentencia, esperamos que los diputados respeten esta resolución judicial, el elemento central aquí es que la Comisión Política debe ser coherente, ya que si va a hacer consultas estas deben ser territoriales y con participación de las victimas”.
Respecto a la resolución de la CIDH el presidente de la Asamblea Legislativa, informó que el canciller de la República, envió a ese órgano de Estado una solicitud en la que requiere un relato pormenorizado del trabajo del congreso salvadoreño, respecto al anteproyecto de Ley de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional.
La CIDH, además, solicitó al Estado salvadoreño, un informe de los impactos de esta legislación en el acceso a la justicia para las víctimas.
