Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Asamblea Legislativa derogó el artículo 210 de la Constitución de la República con el fin de eliminar la deuda política. Esta es la segunda reforma a la Carta Magna que se realiza en menos de un mes a iniciativa del oficialismo.
La primera reforma fue al artículo 248 de la Constitución, para que una sola legislatura pueda modificar la Constitución de la República. El 248, por cierto es una cláusala pétrea, que debió ser reformada por una Asamblea Constituyente.
La tarde de este miércoles, los diputados aprobaron derogar el artículo 210 de la Constitución para eliminar la deuda política. Este hablaba sobre el financiamiento público que recibían los partidos políticos para las campañas electorales.
“El Estado reconoce la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes, encaminado a promover su libertad e independencia. La ley secundaria regulará lo referente a esta materia”, rezaba el artículo en cuestión.
Este proceso de brindar dinero público a los institutos políticos, a través del Ministerio de Hacienda y por cada uno de los votos válidos obtenidos en cada elección, estuvo amparado en la Constitución (1983) y en el artículo 52 de la Ley de Partidos Políticos (2013). Este miércoles quedó eliminado de ambas normativas.
El oficialismo se amparó en que los partidos políticos utilizaban de mal forma este dinero. “Vamos a entrar en el libro de la historia, ya que eliminamos la deuda política que establecía la Constitución de la República. Deuda política que fue mal utilizada por los partidos y esto sale de los impuestos de cada salvadoreño”, comentó el diputado oficialista Caleb Navarro.
Los oficialistas sostuvieron que la decisión para eliminar la deuda política es “la incongruencia de otorgar recursos que bien pueden ser destinados para atender las necesidades más urgentes de las políticas públicas del gobierno y así hacer un uso eficiente de los recursos estatales en áreas prioritarias para la población, como la salud y la educación”.
Además, este punto de vista fue avalado por el presidente de la República, Nayib Bukele, quien en enero promovió la anulación a través de un post en X. “Prometimos eliminar la deuda política. La gente nos reclamó que aún no habíamos cumplido la promesa. Nos tardamos un poco, pero escuchamos al pueblo y este día estamos cumpliendo. No más financiamiento de partidos políticos con el dinero del pueblo”, indicó el mandatario en sus redes sociales este miércoles.
El diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Lira, sostuvo que la eliminación del art. 210 de la Constitución que habla sobre el financiamiento público, “simplemente tiene como objetivo suprimir la pluralidad y la equidad del sistema democrático del país, esta reforma es arbitraria, inconsulta, inconstitucional y populista, ya que solo busca darle más poder al poder que en el país se llama Nuevas Ideas”.
Su colega, Marcela Villatoro votó a favor, argumentando que, si era necesaria la eliminación porque esta, suele usarse de forma indebida en los partidos políticos. Claudia Ortiz, de Vamos, votó en abstención.
Política privada
Acción Ciudadana se pronunció sobre la reforma constitucional y consideró que, “sin financiamiento público, la política se privatiza y la democracia se debilita”.
La organización no gubernamental, y que ha monitoreado el financiamiento de los partidos políticos en varias elecciones, dijo que la inminente derogación del artículo 210 de la Constitución, «por medio de una reforma irregular, eliminando el financiamiento público para los partidos políticos presenta serias consecuencias para el sistema político y el de partidos».
En ese sentido, AC consideró que la eliminación del financiamiento público «es otra medida para consolidar y mantener un sistema de partido hegemónico o dominante» en referencia a Nuevas Ideas.
Acción Ciudadana planteó que la reforma afectará el pluralismo político, ya que la mayoría de los partidos no podrán costear su funcionamiento ordinario ni sus campañas electorales, disminuyendo sus posibilidades de victoria electoral.
«Los partidos políticos quedarán totalmente a merced de los financistas privados, los cuales podrán tener mayor influencia sobre la aprobación de políticas públicas y leyes. Esta reforma puede provocar que la gestión pública beneficie a particulares dado un posible incremento de favores políticos a cambio de financiamiento».
Explicó que se elevará el riesgo de que los partidos accedan a fondos prohibidos, como los del crimen organizado o fondos públicos, para financiar sus campañas electorales. «Esto es muy probable que suceda dado que no existe la debida fiscalización desde la autoridad electoral». Lo anterior, tomando en cuenta que es la Corte de Cuentas de la República quien audita los fondos públicos, pero al no haber fondos públicos este trabajo no se haría.
«El riesgo que acarrea esta reforma es mayor si se considera la poca transparencia del partido de gobierno, el cual nunca ha revelado quiénes son sus financistas privados, ni la cantidad de recursos que recibe», añadió Acción Ciudadana en referencia a la nula rendición de cuentas de Nuevas Ideas sobre sus donantes.
Debe estar conectado para enviar un comentario.