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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Asamblea Legislativa de mayoría oficialista, prorrogó por 30 días más el régimen de excepción para presuntamente combatir a las pandillas. Sin embargo, esta medida ha sido fuertemente criticada por violentar los derechos humanos de salvadoreños que nada tienen que ver con pandillas.
El Gobierno a través de la Asamblea Legislativa mantiene esta medida vigente desde el 27 de marzo de 2022, fecha en que se registró un repunte en los homicidios a escala nacional. Bukele “atacó” a las estructuras criminales con un régimen de excepción, ante la inoperancia del Plan Control Territorial, plan de seguridad de Bukele, implementado en junio de 2019, cuando entró en funciones.
El régimen de excepción ha brindado seguridad a los salvadoreños por las múltiples capturas que ha habido y se considera como una medida “de verdadera seguridad”, desmeritando el PCT, incluso por el mismo presidente de la Asamblea, Ernesto Castro en una declaración a través de X este miércoles.
“En la Plenaria 41 prorrogamos el régimen de excepción, la única medida que ha dado verdadera seguridad a los salvadoreños”, dijo Castro. También, los otros legisladores oficialistas dijeron que con el régimen se garantiza la seguridad de los salvadoreños.
Nuevamente, tres derechos constitucionales de la población de El Salvador estarán suspendidos: el derecho a la defensa, al plazo máximo de detención administrativa y a la privacidad de las telecomunicaciones.
Bajo el régimen de excepción se han violentado los derechos humanos de miles personas que nada tienen que ver con pandillas a través de detenciones arbitrarias, torturas e incluso muertes dentro de los centros penales. Organizaciones de la sociedad civil reportan más de 350 muertes en centros penales, en su mayoría de personas sin vinculación con pandillas y capturados bajo el régimen.
Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos le han pedido al Gobierno de Bukele que derogue el régimen de excepción; sin embargo, las autoridades afirman que mantendrán la medida “hasta que el último pandillero esté tras las rejas”.
La prórroga número 35 estará vigente desde el próximo 5 de febrero hasta el 6 de marzo. Desde el 22 de marzo de 2022, cuando el Órgano Legislativo aprobó el régimen de excepción por primera vez, las autoridades han contabilizado 709 días sin asesinatos. También han capturado a 84,000 pandilleros, han decomisado más de 10,000 vehículos y han incautado más de 4,500 armas de fuego.
