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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa informó durante una conferencia de prensa que busca impulsar la aprobación de un nuevo decreto de retiro voluntario, para que una buena cantidad de empleados se acojan al mismo.
El titular de este órgano de Estado expuso que -a su juicio- las plazas que queden vacantes producto de dicho decreto deben ser congeladas por un máximo de cinco años, aunque según externó existen propuestas de otros diputados para que la congelación sea por dos años.
“Si queremos sanear, reducir la carga burocrática, tenemos que ser bastante disciplinados. Sería un fraude el que esté hablando de un decreto de retiro voluntario, se van 200 y después esté metiendo 300 más”, externó el parlamentario.
Ponce afirmó que esta medida a impulsar en los próximos días es una de las acciones que la Asamblea Legislativa desarrollará para enfrentar el déficit financiero que presenta la institución, producto de trabajar con el mismo presupuesto del año pasado.
Según proyecciones de la institución, al menos 100 empleados se acogerían al beneficio e igual número de plazas serían congeladas, la única unidad donde quedaría abierta la posibilidad de contratación es la de servicios generales, que se encarga del aprovisionamiento de espacios para que funcionen como oficinas para diputados.
El presidente de la Asamblea Legislativa destacó que esta unidad trabaja en las instalaciones de la Asamblea Legislativa para instalar oficinas y que no se sigan alquilando inmuebles privados, además expuso que son contrataciones temporales.
“Debemos tener el personal necesario para construir espacios para el trabajo administrativo de la institución, tenemos que tener contar con personas encargadas del mantenimiento de la institución, las demás plazas quedarían congeladas”, afirmó el legislador.
Ponce indicó que gracias a las decisiones tomadas del 23 de diciembre a la fecha, mediante la no prórroga de los contratos de arrendamiento para las fracciones parlamentarias, se ahorraron $528,000 de los $840,000 asignados para ello.
En la reciente discusión del Presupuesto General de la Nación para 2020 -en la Asamblea Legislativa- debido a no presentar su requerimiento financiero para este año, se le asignó la misma cantidad que en 2019; es decir, $58 millones, esto sin incluir un refuerzo presupuestario por $1.5 millones solicitado por ese órgano de Estado el año pasado para alquiler de oficinas.
