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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
A seis años de emitida la sentencia que expulsó del ordenamiento jurídico salvadoreño la Ley de Amnistía General, representantes de la Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES) y organizaciones de derechos humanos afirmaron que el Estado salvadoreño no ha avanzado en la superación de la impunidad, ya que a la fecha, ningún responsable de estos graves crímenes de lesa humanidad han sido condenado.
Los colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos han insistido a la Asamblea Legislativa que se apruebe la normativa derivada de esta sentencia. Desde 2019 hasta octubre del año pasado, entregaron cuatro proyectos de ley, fruto de consultas con diversos grupos de víctimas y especialistas nacionales e internacionales en materia de Justicia Transicional.
Irene Gómez, representante de Cristosal, explicó que la sentencia de 2016 y las resoluciones de seguimiento obligan a la Asamblea Legislativa aprobar una normativa sobre justicia transicional consultada con las víctimas, que permita conocer la verdad, se enjuicie y sancione a los responsables de violaciones a los derechos humanos, reparar a las víctimas y establecer medidas de no repetición.
“Exigimos a los diputados de la comisión que analicen y estudien esta ley porque es una obligación, es una ley hecha por las víctimas, haciendo consultas en los territorios, incluso ellos dijeron parte de los artículos que no querían dentro de la propuesta”, reiteró.
Desde la perspectiva de las víctimas que sufrieron las atrocidades de la guerra civil, de muy poco ha servido que, después de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, el país haya tenido tres fiscales generales, tres legislaturas de variada correlación política y dos presidentes de la República, ya que ninguno de estos funcionarios, en el pasado y en la actualidad, han dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en la sentencia.
Rafael Segura, del Comité de Presos Políticos, exhortó a la Asamblea Legislativa poner al centro de la discusión a las víctimas, la Ley de Justicia Transicional para Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos Durante el Conflicto Armado, tiene cinco principios, justicia, reparación, garantía de no repetición y la memoria histórica, un aspecto que no se puede borrar de la noche a la mañana.
Sin embargo, en febrero de 2020, la Asamblea aprobó el Decreto Legislativo 575 denominado “Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional”, que preservaba la impunidad, contrariaba los estándares nacionales e internacionales para los casos de crímenes de lesa humanidad, pues las penas privativas de libertad podían ser cambiadas por trabajo de utilidad pública, por motivos de edad, salud y otras.
